Por su presunta responsabilidad en el delito de narcomenudeo con fines de suministro y posesión, el juez de control David Adrián Martínez Santiago vinculó a proceso al diputado Edgar Hernández Dañu y su pareja, Blanca Areli L. D.
Durante la continuación de audiencia inicial, efectuada ayer, concedió dos meses para la investigación complementaria, ya que el Ministerio Público señaló que solicitarán a un juez federal, una orden para poder extraer la información de una laptop.
La computadora fue incautada durante el cateo del 21 de septiembre, en el departamento del legislador del Partido del Trabajo, donde de acuerdo con los integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), fueron hallados 97.2 gramos de marihuana y 13 mil 38 miligramos de metanfetaminas, tras una denuncia anónima.
La audiencia se pospuso en dos ocasiones, debido a que los testigos que solicitó la defensa del legislador y su pareja, no acudieron: dos agentes del Ministerio Público que ejecutaron el cateo y dos policías estatales que fungieron como testigos. Los dos primeros se encontraban en diligencias y los otros, no fueron encontrados por la policía investigadora a la que se mandató su búsqueda.
El defensor acusó actos dilatorios de la PGJH y que no existía la disposición para presentarlos en el juzgado.
Pese a que los imputados pidieron el desahogo de esos testimonios como parte de sus pruebas, el juez indicó que las insistencias de los agentes, estaban justificadas y que a los oficiales se les buscó, además de que su resolución no se podía dilatar más, ya que estaban próximas a cumplirse las 144 del plazo constitucional para definir si los vinculaba a proceso o no.
También desechó un incidente de nulidad del cateo efectuado el jueves pasado en el departamento del petista, ubicado en la cuarta cerrada de Ignacio Manuel Altamirano, en barrio de San Nicolás, en el que la defensa aseveró que la diligencia violó el debido proceso, pues participaron como testigos dos elementos de la policía estatal, que también fueron utilizados en el registro del perímetro de seguridad.
Martínez Santiago indicó que los dos elementos policiales no formaron parte de los agentes que ejecutaron el cateo, por lo que es legal que hayan fungido de testigos.
Posteriormente, el defensor argumentó que era inconstitucional, pues aseveró que no hubo cadena de custodia de lo que la PGJH presentó como hallazgos en el departamento.
En tanto, el MP refutó que la misma se encontraba en los indicios (droga), que trasladó la perito. Ello fue convalidado por el juez, quien consideró la existencia de datos de prueba suficientes y determinó vincular a proceso a los imputados.
