Por Arturo Hernández Cordero
El pasado martes 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma de los artículos 55 y 91, destinada a reducir la edad mínima de edad para que un ciudadano mexicano pueda aspirar a desempeñar un cargo en el Congreso de la Unión como Diputado Federal o Senador (la edad mínima pasará de 21 a 18 años de edad) así como también ostentar la titularidad de una Secretaría de Estado (ahora 25 años de edad).
El argumento que se impulsó para dicha iniciativa, sostiene que la juventud y la experiencia no son dos términos mutuamente excluyentes y resalta la importancia de involucrar en la vida política del país, a los jóvenes. La iniciativa a todas luces tiene más tintes populistas, que de ser un intento por incluir a los jóvenes en el debate público.
Por un lado, MORENA y los partidos afines al oficialismo, buscan congraciarse con una juventud mexicana, cada vez más inconforme con el desempeño de la izquierda en el poder, de cara a los próximos procesos electorales. Mientras que por otro lado, los partidos de oposición buscan mostrarse cada vez más progresistas y generar confianza, con el votante joven de México.
Pese a los argumentos presentados para la aprobación de la reforma, lo cierto es que esta abre la puerta a que jóvenes sin la experiencia, madurez o sentido de la responsabilidad requerido, pero con los contactos adecuados y la militancia necesaria, pueda acceder a una diputación o senaduría.
Prácticamente es imposible que lo logren por elección popular. Si bien, la mayoría de edad en México se alcanza a los 18 años, el cerebro humano a esa edad, corresponde al de un adolescente sin la madurez intelectual y emocional que se esperaría de un legislador, por lo que resultaría mucho más factible ofrecerle a la juventud mexicana, mayores opciones de capacitación de cara a ostentar a futuro un cargo público, que la posibilidad de hacerlo en su etapa de adolescencia tardía.
En México se han presentado demasiados casos de políticos con una preparación y aptitudes deficientes, por lo que el sentido común indicaría que se deben implementar más filtros que propicien mejores legisladores.