Para brindar certeza jurídica a personas migrantes con respecto a bienes patrimoniales, exhortaron a notarios del estado de Hidalgo, para otorgar costos accesibles y preferentes para el reconocimiento o ratificación de documentos en materia testamentaria; aunque no existen cifras oficiales de cuántos son los migrantes que han tomado la decisión de plasmar en un documento de forma oficial, su última voluntad en cuanto a la repartición de sus bienes patrimoniales, hace unos meses se conocía de un 20 % de la población migrante que había tomado esta decisión.
A pesar del número de fallecimientos ocurridos durante la pandemia, no hay mayor atención en este rubro. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 un promedio de 26 mil 200 migrantes hidalguenses, salieron de México de los cuales un 87 % se adentró en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, se tiene un registro en lo que va de este año, entre los meses de enero y julio, autoridades migratorias norteamericanas deportaron a 3 mil 416 migrantes hidalguenses, datos recabados por la Secretaría de Gobernación, cuya situación jurídica está considerada como incierta, lo que genera efectos secundarios de derecho, en consecuencia, surge la necesidad que las personas cuenten con certidumbre ilegal y contemplen la prevención.
A pesar de las campañas de difusión realizadas por las autoridades y el Notario de México, del 100 por ciento de las personas adultas mayores, solo una cifra mínima ha considerado acercarse con los notarios, así como el establecer en un testamento del orden de los bienes adquiridos en vida y que podrían quedar en manos de sus familiares o bien, de quienes así lo deseen.
Con estas medidas se busca que las familias de migrantes, estén protegidas en todo momento sobre todo en favor de los menores, ya que en ocasiones las propiedades al quedar intestadas, están en manos de forma temporal de parientes cercanos o bien, de quienes pudieron fingir como avales en su momento.
Alejandro Enciso Arellano, presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, comentó que este tipo de apoyos están pensados solo para migrantes debido a que el desplazamiento involuntario o voluntario, trae consigo una serie de implicaciones jurídicas y sociales para sus familias, que permanecen en el territorio mexicano.
Con estas disposiciones a la ley, se espera que al menos 26 mil 200 hidalguenses que han emigrado al extranjero, contemplen esta posibilidad jurídica que representa la seguridad de sus bienes patrimoniales, sumado a evitar conflictos entre parientes.
Por ello, las notarías estarían sujetas al cobro de honorarios y gastos por gestoría a precios accesibles a costos menores, con el fin de asegurar la protección de los bienes y la estabilidad social. Incluso los migrantes podrán realizar los trámites desde el extranjero, es decir, no tendrán la necesidad de desplazarse a su tierra natal.
