En menos de tres meses, la Primera Comisión Permanente de Gobernación ha conocido de dos suspensiones temporales de síndicas en los municipios de Tepeapulco y Francisco I. Madero. Hasta el momento, han sido los órganos de control interno, quienes se encargan de dar seguimiento a las acusaciones hechas en contra de las funcionarias.
El último caso, es de Aída Olvera Percástegui, sindica procurador quien hasta hace unas horas todavía estaba en funciones en el municipio de Francisco. I. Madero, señalada por no haber cumplido con sus funciones, lo cual trajo consigo, un desembolso por 42 millones de pesos porparte del ayuntamiento, para cubrir pagos que forman parte de una demanda laboral colectiva.
Aunque, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Hidalgo sigue en la revisión de documentos enviados por autoridades locales, a fin de conocer sobre las acusaciones imputadas en contra de ambas síndicas procurador y jurídico, respectivamente, todavía no se puede emitir un dictamen al respecto.
Noé Hernández Bravo, presidente de la Comisión refirió que fue la Contraloría Municipal que decidió suspender de forma temporal del cargo a la funcionaria Aída Olvera Percástegui, quien está sujeta al procedimiento de responsabilidad administrativa, por presuntos actos y omisiones cometidos en su ejercicio de funciones.
Desde el día lunes, la síndico procurador está bajo investigación por este tipo de asuntos legales, debido a que, el Ayuntamiento fue demandado en el ámbito laboral por 120 extrabajadores, quienes esperaban una respuesta por parte de Martínez Ríos, quien en su carácter de representante legal, la situación financiera de Tepatepec se ha visto en un detrimento grave en su patrimonio.
Por este motivo, el órgano de control interno ya inició una investigación minuciosa por la falta de atención y seguimiento de los asuntos legales, como es el caso del pago que ahora deben cubrir por un monto de 42 millones de pesos que forman parte de salarios caídos y otras prestaciones de ley.
En el caso de Martina Elvia García Arteaga suspendida por tres meses, luego de incumplir con sus funciones, de ahí que el órgano de control municipal tiene las facultades y obligaciones que hace valer cuando algún servidor público ha infringido la ley, en este caso, por rechazar la instalación del Banco Bienestar, pese a que, la mayoría de integrantes de la Asamblea dieron su voto a favor.