La elección más grande en la historia de Chile culminó con una derrota del Gobierno de Sebastián Piñera, el desplazamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de una nueva generación política, nacida al fragor del estallido social de 2019, que ahora tendrá un papel protagónico para redactar una nueva Constitución.
El sábado y el domingo, los chilenos votaron por los 155 miembros de la Convención Constituyente, 345 alcaldes, 2.252 concejales y 16 gobernadores regionales. En total, más de 22.000 candidatos se disputaron 2.678 cargos.
Una de las principales expectativas estaba puesta en la Convención, ya que este nuevo órgano cambiará la Constitución que todavía rige en el país y que es heredada de la dictadura que Augusto Pinochet encabezó durante 16 años (1974-1990).
Con el 100 % de las mesas escrutadas, Vamos por Chile, la coalición de derecha que representaba al oficialismo, obtuvo 38 escaños. La apuesta de Piñera y sus aliados era conseguir por lo menos 52, ya que ello le permitiría tener derecho de veto, pero quedó muy lejos de su meta.
Las alianzas de los partidos de izquierda, representadas en las listas Apruebo Dignidad y Lista del Apruebo, se quedaron con 27 y 25 puestos cada una, mientras que los candidatos independientes, entre los que destacan feministas, ambientalistas y defensores de derechos humanos que no tenían trayectoria partidaria ni experiencia en cargos de elección popular, se erigieron como los ganadores al obtener una mayoría de 48 espacios.
A ellos se suman los representantes de los pueblos indígenas chilenos (mapuche, aimara, rapa nui, quechua, atacameño, diaguita, colla, chango, yagán y káwesq), que ya tenían reservados 17 escaños.
De esta forma, la nueva Constitución chilena será redactada en su mayoría por sectores progresistas en un país que dejó atrás al conservadurismo que lo identificó durante varias décadas, aunque como ningún sector alcanzó mayoría absoluta, estarán obligados a buscar consensos en cada uno de los artículos.