En estos días se ha aprobado la ley de ingresos y de egresos del Estado de Hidalgo y lo mismos ocurrirá con sus homónimas en los estados vecinas y a nivel nacional.
No obstante, ello tiene implicaciones fundamentales puesto que, de dicha normativa depende el gasto público.
En tal sentido, dicha normativa es la expectativa no solo de crecimiento sino de gasto, que pudiera tener cada entidad en nuestro estado, sino que también implica la esperanza de “ganancia” en cada rubro que pudiéramos tener tanto de impuesto como de bienes estatales.
Cada año esta ley se vota previo al término del año, para que sea el parteaguas del siguiente ejercicio fiscal y con ello el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento para cada entidad.
La división presupuestal, es sin duda una de las discusiones más importantes, puesto que la justicia social se basa de manera primordial, en atender las necesidades del crecimiento del estado.
En el mismo sentido, se debe de tomar en consideración las necesidades de cada grupo, para la redistribución de la riqueza, tomando en consideración la equidad en el ingreso, por lo que lo lógico pudiera ser invertir más en aquello que mejor ingreso produzca.
No obstante, los derechos fundamentales son la base para garantizar y pagar las deudas, que por años hemos dejado de visualizar en grupos vulnerables que el Estado ha olvidado.
En consecuencia, el presupuesto como tema complejo de justicia, busca no solo garantizar los derechos de una manera práctica sino otorgar el dinero suficiente para que las garantías del Estado sean eficientes y exigibles.
Lo anterior, en virtud de que los derechos necesitan dinero que garantice su aplicabilidad y solo a través del presupuesto, se puede establecer dicha aplicación.
En tal sentido, es fundamental no solo la participación de nuestros representantes populares, sino el interés social en este proceso.
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