Los electores estamos acostumbrados a que una vez que concluye la jornada electoral, se conoce a un ganador de los comicios y termina el proceso electoral. Lo anterior es parcialmente cierto, porque después de lo citado, viene una nueva etapa conocida como impugnativa. Es decir, se puede acudir a tribunales para presentar pruebas que –una vez valoradas-, pueden dejar sin efecto los resultados. Esto es, anular la elección.
Esto ocurrió en tres municipios del estado, Tulancingo, Huejutla e Ixmiquilpan quienes, por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, tendrán que acudir nuevamente a las urnas porque el anterior proceso quedó anulado.
Vale la pena hacer un balance de los casos mencionados. Huejutla, según los criterios que esbozaron los magistrados, representó un ejemplo de algo no permitido en las campañas políticas, mezclar expresiones y/o imágenes religiosas con la propaganda electoral. Un descuido en este sentido produjo que se anulara la elección, que había ganado Daniel Andrade candidato del PES.
En términos de gravedad y quizá, de inexperiencia política, los criterios que se utilizaron para dejar sin efecto el resultado en Ixmiquilpan, es que se validó el material en fotos y video de una ciudadana que denunció actos anticipados de campaña del competidor Pascual Charrez, quien lograría la postulación por el PT y tuviera la mayoría de votos el pasado 18 de octubre.
Bajo este esquema, el Tribunal Electoral consideró que esos actos propiciaron una situación de ventaja para el aspirante, contraviniendo el principio de equidad que debe prevalecer en las elecciones. Por tanto, también se consideró pertinente anular la elección.
Y por último, el caso que parece más complejo por la cantidad de evidencias que se presentaron, fue Tulancingo. Donde existe evidencia de alteración de paquetes electorales, manipulación del espacio donde se resguardaron los votos y otras inconsistencias que llevaron al mismo criterio, anular la elección.
En suma, estos casos dejan claro que todavía nos hace falta mucho por trabajar en materia electoral. Una cosa son los descuidos y omisiones, pero otra muy distinta la clara intención de alterar la voluntad popular.
En otras palabras, si un candidato o su equipo de trabajo cometen excesos o descuidos en su logística, es su responsabilidad y tendrán que asumir la consecuencia (Huejutla e Ixmiquilpan). Pero hablando de Tulancingo, la situación es distinta. Ahí existió la disposición de cometer un fraude en toda la extensión de la palabra y el criterio fue el mismo.
Queda el antecedente que cometer tropelías en el sistema electoral no es tan castigado. Lo máximo que puede ocurrir, es que se anulen los resultados. De tal manera, que la sanción no asusta a nadie. Quizá por eso todavía no podemos erradicar este tipo de conductas.
Falta un trámite más, los tribunales federales. Ahí pudieran hacer una nueva valoración de los casos que nos ocupan. Pero lo cierto es que en los ayuntamientos citados, tendrán en su administración una serie de complejidades. Primero porque el Concejo Municipal actual, tendrá que permanecer en funciones hasta que el Instituto Electoral, llame a una nueva jornada y muchos de ellos ya habían iniciado procesos de entrega – recepción.
Por otro lado, los partidos políticos harán un ejercicio de evaluación exhaustivo ¿presentarán a los mismos candidatos? Y también los electores harán las evaluaciones respectivas.
Vaya galimatías electoral. Todavía no termina el proceso electoral de ayuntamientos en Hidalgo y ya está en marcha otra elección local (diputados) y una elección nacional (diputados federales). Todavía hay mucho material político que comentar.
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