En cuestión de días iniciará en el Congreso Federal la discusión sobre el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del gobierno federal. Ese acalorado debate se tiene que solventar antes de que concluya el año y todo parece que se avecina un capítulo muy complicado para las finanzas nacionales.
Según un informe de la organización México Evalúa, se dice que el presupuesto que presentó el Gobierno para 2023 “tiene miras electorales” rumbo a la campaña y elección presidencial de 2024, al contemplar un aumento anual de 15 % en subsidios.
El paquete fiscal citado, debe estar aprobado para el 15 de noviembre y contempla 951 mil millones de pesos en subsidios. Por citar un ejemplo, en el caso de las pensiones de adultos mayores se contempla un incremento del 68 %, con lo que llegarán a 335 mil millones de pesos, lo que implica un aumento anual de 34% y el 35%, del gasto total en transferencias.
No es ningún secreto que dicho estímulo económico para este sector de la población, ha sido un instrumento muy valioso para la actual administración en términos político – electorales. No solo eso, este apoyo a los adultos mayores, se ha vuelto una política insignia de la 4T.
Por tanto, su incremento se puede traducir en una congratulación con aquellos que son fieles a la política del lopezobradorismo, desde aquellos tiempos donde el tabasqueño gobernaba la capital del país y logró que ese estímulo se hiciera por ley.
Sin embargo, el elemento más complejo será el criterio político de la asignación de recueros. Lo anterior, debido a que la Cámara de Diputados, debe discutir y aprobar el presupuesto de 2023, año en el que iniciarán las precampañas rumbo a la elección presidencial de 2024.
De tal manera, que la discusión se “contamina” por los tiempos del poder. Pero para ser claros, no hay otro elemento con mayor connotación política, que la asignación y designación de recursos a planes y programas del gobierno federal.
Por desgracia, así ocurre en este país donde estos terrenos se trastocan: la política económica y la política electoral. Para reforzar esta idea, el documento referido ejemplifica el aumento en los gastos de programas sociales pero el decremento del 4% en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el IMSS-Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social, encargados de atender a la población sin seguro social.
Este dato no es menor, teniendo en cuenta que el gobierno propone liquidar la reserva del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que cubre las enfermedades de alto costo como cáncer o VIH, según el informe.
En contraste el estudio hace referencia que el presupuesto tendrá un incremento de 21.7% en inversión pública hasta los 1.1 billones de pesos, el monto más alto de la década. No obstante, el 55% del aumento se concentra en solo cuatro estados: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, estados del sureste del país donde se construye el Tren Maya, la obra emblemática de López Obrador.
Por tales razones, el criterio político parece ser el telón de fondo de la política fiscal para el próximo año. Cuestión que tendrán que revisar los diputados federales para tener en cuenta que pueden aprobar y qué negociar con los promotores de la 4T.