Considero que uno de los derechos fundamentales que existen en nuestro país y que pocas veces son utilizados es el derecho de petición, mismo que concede a las personas la posibilidad de realizar las peticiones que considere necesarias y pertinentes para satisfacer sus necesidades ante cualquier autoridad y como consecuencia la obligación de todo servidor público de responder tal petición en el tiempo establecido por la ley, mismo que deberá de ser proporcional a la solicitud planteada.
De igual forma, la respuesta emitida por cualquier autoridad debe de ser rendida conforme a derecho, es decir, estar apegada la ley y respondido conforme a argumentos lógico jurídicos que resuelvan aquello fuera planteado por el peticionario.
Lo anterior, es fundamental en un país democrático como el nuestro, mismo que evita en un primer punto que las personas tengan la necesidad de manifestarse puesto que, en teoría toda solicitud debe de ser respondida y si la misma se encuentra conforme a la ley, el Estado en cualquiera de sus dimensiones debe de dar cabal respuesta y solución a aquello planteado.
En segundo punto, el derecho de petición evita dádivas y favores ilícitos de cualquier índole puesto que, la respuesta debe de ser realizada por medios legales y con sustento jurídico plausible.
En tercer punto, el derecho en comento sirve para evitar que las obligaciones que el Estado y los servidores públicos tienen hacia las personas se conviertan en favores hacia los mismos puesto que, si la resolución es emitida mediante la petición correspondiente es una contestación a una obligación. Por el contrario, si la respuesta es otorgada por medio de un favor, es considerado como eso un favor y no una obligación.
Sin embargo, la pregunta continua en el aire, sobre el motivo por el cual a pesar de existir el derecho de petición continúan las marchas y manifestaciones y me parece que no es otra, más que la incorrecta respuesta a las peticiones, la tardía respuesta o incluso la falta de la misma.
En consecuencia, es que mientras no se asegure el derecho que toda persona tiene a que sus peticiones sean respondidas de manera legal, en tiempo y forma correspondiente, las manifestaciones continuaran en un país democrático.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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