Las noticias de una profesionista que engañó a diversas personas y que incluso privó de su libertad a una, es todo un caso.
No obstante, de tan grande intriga parece fundamental realizar un estudio pormenorizado, respecto de los riesgos que tenemos como consumidores de los servicios profesionales.
En primer punto, es necesario considerar que toda persona profesionista, tiene una obligación ética sobre sus clientes, misma que deviene del conocimiento adquirido, por lo que parece fundamental no solo el cumplimiento de esas obligaciones, sino la actividad por parte del Estado para garantizarlo.
En consecuencia, el Estado debe garantizar por diversas vías, la seguridad para aquellos que contratan los servicios de profesionistas éticos, empezando por tener en claro que la ética de un facultativo, no es una opción sino un deber en nuestro país.
Por tanto, la falta de la ética debe ser castigada no en materia penal, pero si en materia administrativa, como una consecuencia de la mala praxis existente en las profesiones.
En el entendido que la seguridad de los clientes, surge también el derecho a recibir un correcto servicio por profesionistas éticos y honestos y por supuesto, que el Estado debe impedir cualquier abuso de un seudo estudioso sobre otra persona.
Pensar lo contrario, nos llevaría a sostener que el Estado pudiera permitir que las personas obtengan lucros indebidos y con ello, abusen de otros generando injusticias fuera de toda legalidad.
Nuestra nación debe de garantizar la justicia social, desde cualquier trinchera; hoy una vez más tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las necesidades que se pueden superar, a través de un Estado fortalecido en la justicia social.
En consecuencia, se deben crear los mecanismos idóneos como las comisiones y la colegiación obligatoria, que ayude a que los profesionistas seamos quienes coadyuvemos en la protección de la sociedad, respecto de profesionistas poco éticos.
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