Hace unos meses ya escribimos en esta columna el tema de la detención del Fiscal de Morelos y lo que ello implicó, como una demostración de la necesidad de la división de poderes y la importancia de su autonomía, para actuar con apego a derecho.
Sin embargo, en dicha columna no pudimos abordar el tema del fuero que tenía al momento de su detención y que ha sido materia de reiterados amparos, por decir lo claro de cuatro en lo que va su proceso, siendo de cada amparo una nueva orden de aprehensión que impiden su libertad.
En tal sentido, me parece no solo desleal sino una verdadera vileza que un Estado, que debe de garantizar los derechos de las personas, impida que una persona que representa un poder autónomo no pueda gozar de su libertad, que le otorga la propia Constitución dado que, en reiteradas ocasiones, se le ha imputado una diversidad de delitos con la finalidad de evitar que pueda continuar gozando de su libertad.
Es fundamental establecer que la finalidad del fuero no implica bajo ninguna circunstancia, la imposibilidad de ser juzgado sino la facultad de no ser arrestado ni depuesto de su encargo por las acciones realizadas durante el mismo, con el objetivo de poder desempeñar el mismo de manera autónoma e imparcial.
Si bien, ello no es una patente de corso puesto que existen mecanismos para desaforarlo, si permite una libertad y autonomía para poder realizar su labor, siendo la esencia de los cambios a la fiscalía.
Estoy seguro que como un Estado Constitucional de Derecho, estamos llamados a garantizar no solo la norma sino los derechos de las personas, con la finalidad de generar un acceso a una justicia imparcial y una vida democrática nacional.
No hay duda que la obligación en el actuar de la autoridad judicial, es liberar de forma inmediata, al fiscal y reconocer su fuero, tal y como lo establece la propia Constitución.
juanfer_lm@jfg
Alguien en el país debe intervenir ya y de manera urgente para terminar con tantos y tantos atropellos y atroces violaciones flagrantes a la ley y a los derechos humanos, no solo por parte de la delincuencia organizada y no organizada, ciudadanos comunes y correntes, sino de los propios y funcinarios públicos de los tres ordenes de gobierno, estos por revanchismos politicos y no por justicia, como ocurre en la Ciudad de México, Hidalgo y muchas otras partes de la República Mexicana. La detencion ilegal del fiscal general de justicia del Estado de Morelos, quien por su encargo, no solo contaba sino que aun cuenta con fuero constitucional, son independencia de que haya incurrido en alguno o varios delitos durante su encargo, la privacion de su libertad y la del diputado de Hidalgo, podrian ser constitutivos de delito, y por lo tato debe procederse en contra de sus campores, caiga quien caiga