La extinta Procuraduría General de la República (PGR), en lugar de castigar a los responsables de la masacre de 196 personas ocurrida en el noreste de México en 2011, abrió una investigación por delincuencia organizada y espió a una conocida periodista que indagó en el caso, así como a una abogada y a una antropóloga que acompañan a víctimas de la violencia en la región, según una investigación publicada por The Washington Post.
A más de diez años de esta masacre, no existen sentencias por el caso, pero gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Gobierno difundir una versión pública del expediente, se tuvo conocimiento de que la extinta PGR intervino los teléfonos de la premiada periodista Marcela Turati; de la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la abogada Ana Lorena Delgadillo; y de la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centroamérica y Norteamérica, la antropóloga Mercedes Doretti.
Los funcionarios de la extinta PGR —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— ordenaron a las compañías telefónicas que les proporcionasen los registros de todas las llamadas y mensajes de texto iniciados o recibidos por Turati, Delgadillo y Doretti, además de información sobre sus ubicaciones durante cada una de las conversaciones.
“En 24 horas tenían información de dónde estuvimos, a quién hablábamos. En este país es más peligroso investigar un crimen que cometerlo”, dijo Turati este miércoles durante una conferencia de presa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
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