Una de las cuestiones que se ha cupaodo los titulares de los diarios en nuestro país, ha sido el plagio académico en los trabajos de los políticos que aspiran o que tienen un cargo público.
Es de suma importancia en primera, plantearse la existencia en las figuras públicas de una diversidad tanto de profesionistas como de posgraduados.
En primer punto, debemos de ser claros que existen de manera específica cargos públicos para los que se requiere ser profesionista, como lo es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que cuando es requerido es por una cuestión natural del propio cargo.
En tal sentido, en dichos casos el plagio que pudiera dar como consecuencia una sanción como la pérdida de la cédula profesional, inhabilitaría a la persona para desempeñar dicho cargo, mientras que en el resto de los casos no lo haría por no ser un requisito para su servicio.
No obstante, parece que en cualquier caso nos debe de alarmar y preocupar un plagio sea de cualquier persona, pero en específico de un servidor público.
En primer punto la existencia del plagio en reiterados casos, nos puede llevar a pensar de una falta de cuidado y de exigencia metodológica por parte de las Universidades. Además de presumir una falta de cultura académica generalizada, que nos lleve desde un primer momento a inhibir dicha conducta e incluso, con el conocimiento necesario a evitar un plagio por error.
Lo anterior sin dejar de mencionar la falta de exhaustividad en el estudio académico e incluso la falta de debidos conocimientos en la investigación son causas de dicho mal.
No obstante, los trabajos académicos se deben a la originalidad con la firme convicción de reconocer la labor de los demás especialistas y de buscar una mayor profundidad en la investigación, motivo por el cual no solo es reprobable, sino que como país debemos de replantearnos en busca de una cultura académica mucho mayor.
juanfer_lm@jfg