Los últimos dos años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, han estado definidos por la culminación de megaproyectos cuya rentabilidad a largo plazo está en entredicho, la cuestión de la sucesión (hoy definida con la presidenta electa Claudia Sheinbaum) y su encarnizada pugna en contra del Poder Judicial. Desde que la ministra Norma Piña asumiera como titular de la Suprema Corte de Justicia en enero de 2023, ha fungido no solo como un contrapeso para Poder Ejecutivo, sino como una evidente fuerza opositora en contra de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.
Desde que a principios del 2023, el Poder Judicial de la Federación declarara inconstitucionales las reformas en materia electoral del “Plan B”, el presidente López Obrador empezó a enfatizar en torno al llamado “Plan C”, que consiste en reformar tanto al INE como al Poder Judicial, por medio de la mayoría calificada en el Congreso conseguida por el oficialismo el pasado 2 de junio.
Al margen de la lucha entre poderes, lo cierto es que al día de hoy, una reforma a gran escala del Poder Judicial y sus instituciones se percibe inevitable y muy necesaria.
Durante los últimos años, la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha hecho cada vez más notable, con el claro servilismo del ex Ministro Presidente, Arturo Zaldívar a los intereses de la 4T, y las reiteradas muestras de afinidad por parte de Norma Piña con el bloque opositor, que han ido desde el veto de reformas promovidas por el presidente hasta conceder amparos a políticos acusados de corrupción, han mancillado la legitimidad del Poder Judicial, que desde hace décadas, ha perpetrado incontables casos de evidente corrupción e inoperancia institucional, pero a la vez, ha sido el menos cuestionado de los tres poderes que integran al Supremo Poder de la Federación.
Con un enorme índice de impunidad superior al 90% y una desconfianza generalizada en la integridad de los ministros de la Suprema Corte por parte de la población mexicana, la reforma al Poder Judicial resulta impostergable, aunque la división de poderes y la autonomía de la Corte son dos premisas, de las cuales el Estado Mexicano no puede prescindir.