Cómo era de esperarse, la votación de la reforma Judicial en la Cámara de Diputados resultó en un mero trámite por parte de los legisladores morenistas, quienes con 359 votos a favor (y solo 135 en contra), aprobaron en lo general la reforma impulsada por el presidente López Obrador y ahora, remitida para su votación en el Senado, el cambio radical al Poder Judicial se percibe como un hecho.
La oposición, desesperada ante la situación, buscó quitarle al oficialismo la mayoría calificada (constitucionalmente legal) por medio de la ministra Norma Piña, llamó a una movilización social que resultó infructuosa y pretendió bloquear las sedes legislativas, para evitar la votación de la reforma.
No obstante, el cambio que transformará la realidad del país en materia jurídica, estaba asegurado con la materialización del llamado “Plan C”; y con él, se acaba la condición de intocables de la que gozaban jueces, magistrados y ministros, que durante décadas les permitió perpetuar un sistema inoperante plagado de corrupción e impunidad sin consecuencia alguna.
Si bien, es cierto que ahora con la elección de jueces mediante voto popular, la división de poderes se encuentra endeble, también es una ocasión idónea para lograr una justicia pronta y expedita para el pueblo, los jueces y magistrados tendrán que demostrar una eficiencia y honestidad comprobables para ganarse el favor de la ciudadanía; la venalidad, nepotismo y demás buropatologías persistentes en el Poder Judicial están llegando a su fin, así como los cuantiosos e injustificables privilegios de los ex ministros de la Suprema Corte (incluso quienes ejercieron por un muy corto periodo de tiempo como el académico de la UNAM, Jorge Valadés).
La realidad de México está próxima a sufrir un profundo cambio. La sociedad mexicana se negó a defender los privilegios de una élite decadente sin proyecto alguno, cuyo único interés es evitar en medida de lo posible, su marginación total por parte de la élite vigente.
La situación posterior a la reforma requerirá de un involucramiento total de los ciudadanos en los asuntos públicos; nunca antes en la historia de México, el ejercicio de la ciudadanía había sido tan primordial.