El pasado fin de semana inició el periodo de campaña de quienes buscan ser jueces, magistrados o ministros en el país. Lo anterior, derivado de una reforma constitucional, que faculta a los ciudadanos mexicanos a elegir dichos integrantes del poder judicial.
Una vez superada la fuerte discusión que suscitó esta medida; ahora los interesados buscan a través de la promoción personal, la simpatía de sus potenciales votantes, dejando a su paso una serie de peculiaridades que valen la pena citar.
Lo primero por resaltar es la cantidad de personas inscritas en el proceso, más de 3,400 candidaturas para renovar casi 900 cargos federales. Las plazas son las siguientes: nueve puestos en la Suprema Corte, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, los cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de tribunales y 386 juzgados.
Por el lado de los votantes, el total de ellos son 99.7 millones, quienes podrán ejercer su derecho al voto el 1 de junio, cuando habrá más de 84,000 centros de votación o casillas, según el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto requerirá 1.55 millones de funcionarios de casilla, ciudadanos encargados de ejecutar el proceso y contar los votos el 1 de junio.
Dicho ejercicio comicial, reclama un alto nivel de especialización porque las personas recibirán seis boletas para la elección federal judicial, con colores para identificar la compleja votación: morada para la Suprema Corte, azul para la sala superior del TEPJF, turquesa para el Tribunal de Disciplina Judicial, naranja para las salas regionales del TEPJF, rosa para magistrados y amarilla para jueces.
Cabe destacar que será la primera ocasión en que el ciudadano reciba tal cantidad de boletas, para que elija entre un universo amplio a los candidatos de su preferencia. Por lo que se espera que el tiempo que ocupe para sufragar, será más prolongado que el que se ocupa en otra elección.
El tiempo, aunque parece un factor menor, tendrá su relevancia porque podría prolongarse por la sofisticación citada. Por ejemplo, tan solo para la Suprema Corte, el electorado seleccionará cinco mujeres y cuatro hombres de una lista con 63 candidaturas, mientras que para magistrados y jueces, los votantes recibirán una boleta con hasta 42 candidaturas. Bajo estas condiciones, el fator tiempo cobra sentido.
Cabe mencionar que las campañas tendrán una duración de 60 días. Iniciaron el pasado 30 de marzo y se extienden hasta el 28 de mayo. Los candidatos podrán promoverse en entrevistas, debates, redes sociales, propaganda impresa ecológica y en eventos con sus propios medios, porque no recibirán recursos públicos.
Por último, y quizá en el esquema de lo delicado, es que los aspirantes pueden usar fondos propios con un tope que va de 220,326 pesos para aspirantes a juzgados hasta 1.46 millones de pesos para la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Esperemos que los aspirantes (gente de derecho) no caiga en el postulado de rebasar las cantidades señaladas por ley, porque esto generaría una serie de complicaciones que los políticos tienen muy entrenadas. Pero los abogados seguramente actuaran de otra manera ¿o no?