Han iniciado formalmente las campañas para elegir a quienes fungirán como autoridades jurisdiccionales a lo largo del país.
Lejos de poder establecer en estos momentos, una postura sobre un acuerdo o no sobre el proceso electoral en puerta, lo cierto es que ya es un hecho y tendrá implicaciones fundamentales, que nos deberán hacer reflexionar en gran medida.
Esta elección no solo es histórica, sino que internacionalmente única, ya que si bien hay países donde han existido elecciones judiciales como en Estados Unidos, es para jueces de cuantía menor y el referente más cercano es Bolivia, quien pretendió escoger no la totalidad de sus órganos jurisdiccionales, sino aquellos de más importancia a través del voto popular.
Sin embargo, el fenómeno bolivariano no solamente no pudo concluir, sino que han pretendido desistirse del mismo, sin dejar de mencionar la crisis política en la que ha estado inmiscuido dicha nación.
En México pareciera ser que el cambio es inminente y tal vez, solo a través de una nueva reforma o del cumplimiento de una muy lejana sentencia internacional, pudiera cambiar de rumbo esto si dicha sentencia llegase a existir.
En tal sentido, como ciudadanos debemos de redoblar esfuerzos para garantizar una justicia más accesible, puesto que el reto es enorme.
En primer término, la ausencia de partidos y la falta de inversión en campañas, generará la necesidad de una comunicación mucho más eficiente para conocer no solo a las personas candidatas, sino incluso conocer el procedimiento y la forma de impartición de justicia.
Lo anterior en virtud de que, para existencia de un voto razonado, se debe de conocer no solo propuestas y personas, sino también la materia en la que se labora, la forma en cómo se garantizan derechos y el ámbito de competencia de cada uno, lo cual implica un conocimiento mucho más técnico que cualquier otra elección.
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