En proceso Ley Nacional para Protección de Personas Vulnerables, dice director de DIF Hidalgo

El director del Sistema DIF Hidalgo, Javier Rodríguez Sagahón, informó que está en proyecto a nivel nacional, una reforma a la Ley de Asistencia Social para que haya obligatoriedad y las personas en situación de calle, cuenten con mayor protección.
“Es un tema general, estamos coordinados con los Sistemas DIF municipales y tienen un contexto de responsabilidad porque son las autoridades más cercanas”.
Respecto a Tulancingo y otros municipios que no cuentan con albergues para indigentes, agregó que para ello han llevado a cabo reuniones técnicas, con todas las demarcaciones de la entidad.
“Se les ha pedido que estos temas los incluyan en sus planes de trabajo, que consideren espacios de atención para este sector de la población, en este caso para personas que viven en situación de calle y donde los municipios deben asumir el contexto de esa responsabilidad”.
Reconoció que los indigentes, que un día aparecen deambulando por las calles, representan un problema difícil de controlar; sin embargo, se debe atender mediante un trabajo conjunto.
El Senado de la República, a través de la Coordinación de Comunicación Social de la LXV Legislatura, en la gaceta número 968, da cuenta que la bancada del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Asistencia Social, para garantizar los derechos de las personas en situación de calle.
La iniciativa que se envió a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, plantea que la Secretaría de Bienestar brinde atención específica a las necesidades de las personas en situación de calle y que la Secretaría de Salud, elabore políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios de salud para este sector de la población.
También, propuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenga la responsabilidad de constituir, coordinar y dar seguimiento a los programas, que tengan como objeto la inserción de las personas en situación de calle en la actividad laboral; mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esté obligada a elaborar programas especiales para la construcción de viviendas comunitarias de carácter social.