El motivo principal para que el gobierno impulse esta reforma, responde a los datos de la actualidad, pues cada día es más difícil adquirir un bien inmueble. La posibilidad de habitar una casa propia, se ha convertido en algo muy difícil de alcanzar para las y los jóvenes del país.
Más de 30 millones de personas de acuerdo con el INEGI y ONU-Hábitat, estiman que al menos 38.4% de la población que si habita una vivienda, lo hace en condiciones no adecuadas; es decir, hecha sin materiales duraderos, o que carece de servicios básicos como agua y drenaje.
En nuestro país, existe el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el cual es un organismo de servicio social constituido desde 1972, con el objetivo de establecer y operar un sistema de financiamiento, que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas o la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.
Sin embargo, la realidad revela claroscuros con un sinfín de casos, donde los créditos se han vuelto impagables, por lo tanto el gobierno actual realizó la reforma al instituto, que busca la creación de una empresa filial, que permitirá al Infonavit construir directamente, bajo el esquema de compra de terrenos y construcción de vivienda.
Con ello, la nueva entidad desarrollará proyectos de vivienda social destinados a trabajadores con bajos ingresos y así lograr el objetivo de construir un millón de hogares, accesibles durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Atendiendo así de manera frontal el déficit de vivienda en el país y aumentando la posibilidad de acceder a una vivienda para los sectores más vulnerables, dichas viviendas estarán ubicadas en los centros de desarrollo urbano con todos los servicios y se dará prioridad a la mano de obra en los estados, mediante subcontratación de empresas locales.
Otro cambio, consiste en la introducción de un esquema de arrendamiento social, el cual permitirá a los trabajadores con un año de cotización, rentar una vivienda con una mensualidad que no exceda el 30% de su salario y después de 10 años de arrendamiento, los inquilinos podrán optar por comprar la propiedad, con el beneficio de que los pagos realizados durante el periodo de renta, se tomen en cuenta como parte del precio de compra.
También se contempla la congelación de saldos y pagos de dos millones de créditos hipotecarios, otorgados antes del 2013. Con esta medida, se busca evitar que los aumentos en la inflación perjudiquen a los trabajadores, frenando el aumento de las mensualidades y saldos de los créditos otorgados bajo el esquema de Veces Salario Mínimo.
Cambios en la estructura del Infonavit; la iniciativa privada y los trabajadores son los cambios que introduce a la estructura del instituto, se reducirá el número de integrantes en sus órganos de gobierno y aumentará la representación gubernamental y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de emitir las reglas para el manejo de su balance financiero y también será sujeto de auditorías para evitar escenarios de corrupción.
Y finalmente, con esta reforma, el Infonavit podrá destinar los recursos administrados a inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles.
La gran duda es si existirá la garantía de que los ahorros para vivienda de todas y todos los trabajadores, estén totalmente seguros porque este cambio pone en juego 2.5 billones de pesos
