Una de las mayores preocupaciones que han iniciado en nuestra región, es la impartición de justicia por ciertos jueces y juezas, que pareciera que la norma no es obligatoria para ellos, puesto que ante el amparo de su criterio, han tomado decisiones contrarias a la propia norma.
Las barras y asociaciones de abogados, han externado su preocupación y ocupación ante el aumento de una serie de injusticias que existen dentro de los juzgados de nuestra región, que parecieran tener como única explicación, la creencia de impunidad por quienes imparten justicia.
En tal sentido, la norma se encuentra creada, las reglas de interpretación establecidas y los criterios son claros, por lo que la justicia debe de ser objetiva, motivo por el cual cuando un juzgador o juzgadora, comete una injusticia o realiza un acto de manera ilegal con el pretexto de estar realizando una actuación bajo su criterio, es una simple arbitrariedad que no tiene otro nombre.
Lo anterior en virtud de que los criterios y las interpretaciones jurisdiccionales, deben de ser objetivos y apegados a la norma. Si nuestros juzgadores y juzgadoras deciden bajo su responsabilidad de forma arbitraria e injusta, no hay norma que los faculte a ello puesto que ser servidor público, no es una patente de corso para realizar cualquier actuación y ser impune.
Contario a ello, son las y los juzgadores quienes tienen la mayor responsabilidad de actuar conforme a la norma.
En consecuencia, es aun más preocupante que las quejas y las responsabilidades de los propios servidores públicos, no se hayan dilucidado de forma transparente y objetiva, peor aun que se justifique el actuar de quienes imparten justicia a través de criterios puesto que, si esos criterios no son conforme a la norma o demuestran una ineptitud en el cargo, no existe justificación alguna para que no exista sanción, porque lo que pide nuestra sociedad es justicia no justificaciones de autoridades.
juanfer_lm@jfg