Por Arturo Hernández Cordero
Durante las últimas semanas, miles de ciudadanos han salido a las calles de España a manifestar su desacuerdo en torno a las negociaciones del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con partidos políticos afines a los movimientos independentistas que existen en territorio español, más específicamente con el partido “Juntos por Catalunya”, liderado por el expresidente de la generalidad catalana, Carles Puigdemont; quien en 2017 llevara acabo un referéndum ilegal en busca de conseguir la independencia de Cataluña.
Las negociaciones de Pedro Sánchez con los partidos minoritarios de la izquierda, se dan luego de que en julio pasado, la derecha española (representada por los partidos PP y VOX) no alcanzara la mayoría absoluta en el Congreso, aún obteniendo más votos que la izquierda (representada por el partido PSOE y aliados).
Sin embargo, y aún teniendo la izquierda mayoría en el Congreso, la labor de negociación que Pedro Sánchez y el PSOE tendrían que hacer para consolidar un gobierno, se suponía difícil desde un principio.
El haber obtenido menos votos que el PP, implicaba para el PSOE tener que ceder ante las exigencias de los partidos minoritarios de la izquierda y así mantener a Pedro Sánchez en el poder. De esta manera, Pedro Sánchez y el PSOE se han visto en la necesidad de aceptar las premisas descabelladas de los partidos independentistas de España, que atentan contra su unidad nacional y que han generado rechazo entre gran parte de la sociedad española.
Entre la premisas que Pedro Sánchez ha aceptado, se encuentra el conceder una amnistía a los prófugos de la justicia española que llevaron acabo el referéndum ilegal del 2017 en Cataluña (entre ellos Carles Puigdemont).
Anteriormente, Sánchez habría asegurado que no concedería tal amnistía, pero ahora ha empezado a considerarla con miras a conseguir una nueva investidura.
Por tanto, España, un país históricamente dividido, a día de hoy enfrenta una situación de inestabilidad política complicada debido a la inexistencia de una verdadera separación de poderes y a la tendencia de su Presidente a atentar contra lo establecido en la Constitución en favor de sus intereses.