En todos años se ha vuelto muy famosa la política criminal, que se ha ocupado en la República de El Salvador respecto del trato a denominados grupos criminales, que se encuentran encarcelados ya sea por estar sentenciados o por ser procesados.
Del mismo modo, ha tomado relevancia la forma en como el propio gobierno ha actuado sin miramientos a los derechos humanos y violando un sin número de derechos e incluso destruyendo instituciones completas, ha comenzado una cacería de quienes considera miembros de dichos grupos criminales.
El propio presidente de El Salvador y diversos medios de comunicación, han señalado como un éxito esta actitud ante la delincuencia, pero lo cierto es que no es ni un éxito ni un acto digno de aplauso.
En primer punto, los hechos distan mucho de aquello que podemos vislumbrar a través de la poca información que recibimos de los medios de comunicación, puesto que contrario a la llamada eliminación de la delincuencia a través de diversos medios, se ha acusado al propio gobierno de eliminar diversas instituciones contrarias al propio presidente con el pretexto de la lucha y de ocupar en ese mismo sentido al propio Estado, para atacar a opositores a su gobierno.
En ese caso, se ha señalado que se ha aumentado la corrupción y la impunidad y que aquello que se visualiza, es un ataque a un grupo determinado de personas únicamente.
Sin embargo, esto nos permite percatarnos de la necesidad del respeto a los derechos humanos, puesto que solo a través de su salvaguarda, se puede garantizar la paz social. No puede existir un país que pretenda realizar un proceso de pacificación, violentando derechos humanos.
La base de cualquier sistema democrático, son los derechos humanos y de no hacerlo, implica convertirse en un grupo de poder con mayor fuerza que cualquier otro.
En tal sentido, aquello que diferencia a un Estado de un grupo armado con fuerza de hacer cumplir sus decisiones, es el respeto a los derechos y a las normas y solo así se logrará la paz y la justicia social.
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