Para terminar con el despido de trabajadores en el sector público, la diputada del PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, propuso una serie de reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y al artículo 123 Constitucional.
Indicó que los trabajadores al servicio de las instituciones públicas, a pesar de realizar de forma similar actividades como cualquier otro trabajador, cuentan con un futuro desconocido e inestable.
Estos trabajadores, en muchas de las ocasiones, son víctimas de abusos y despidos abruptos por el cambio dinámico de patrones y jefes, impidiendo que puedan protegerse ante una inestabilidad laboral, por lo que es necesario buscar su protección y prevenir los despidos injustificados debido al cambio de gobierno.
“El cambio de administración para varios trabajadores puede ser un corte abrupto en su desarrollo laboral y profesional, debido a un despido repentino e injustificado de sus obligaciones y responsabilidades en la administración pública. Al momento del cambio de administración, los medios de comunicación exponen los casos de varios trabajadores que son despedidos, bajo el pretexto de que un nuevo jefe llega y todos los trabajadores del periodo anterior, tienen que firmar su renuncia”.
Vargas Rodríguez señaló que durante el primer año de este gobierno, fueron despedidos más de 12 mil 800 personas, y el objetivo es prescindir de 222 mil 515 trabajadores en todo el sexenio.
“Tal es el caso del Servicio de Administración Tributaria, en diciembre del 2018, los medios de comunicación y en las redes sociales, dieron a conocer y mostraron la manera en que cientos de trabajadores fueron despedidos, denunciando presiones e inclusive, de que fueron obligados a renunciar sin liquidación y sólo con un bono de ahorro.
“Varios escenarios parecidos ocurrieron en distintos institutos, como la Comisión Nacional del Agua, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Secretaría de la Función Pública, entre otros. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de una videoconferencia, se avisó a 500 trabajadores que serían despedidos, sin algún tipo de seguimiento formal. Otro caso ocurrió en Tabasco, que despidieron a 500 trabajadores del Seguro Popular por medio de una aplicación de mensajería instantánea”.
Por ello, la priista hidalguense busca, a través de su iniciativa, que ningún trabajador pueda ser cesado sino por justa causa.
“En caso de ser cesado de forma injusta, se deberá presentar copia certificada del laudo firme por el despido injustificado ante los órganos internos de control para la sanción administrativa correspondiente”, subrayó Vargas Rodríguez
