La organización Colectiva de Mujeres contra la Violencia, hizo un llamado al Congreso del estado para modificar de manera urgente, la Ley estatal de Derechos Humanos, que impida que funcionarios de la Procuraduría y de Seguridad Pública, puedan asumir algún puesto de derechos humanos hasta pasado seis años de su gestión.
Esto luego de qué de acuerdo con la activista Ana Lara, se pretendiera imponer como único perfil para ombudsperson, al primer visitador y ex procurador Javier Ramiro Lara Salinas.
Esto dijo, porque conlleva conflicto de interés, ya que se ha documentado que como procurador de justicia Javier Ramiro Lara Salinas, tiene una recomendación emitida el 3 de agosto de 2020 con número 25/2020, la cual fue presentada por tres personas entre ellos un adolescente, quienes señalaron fueron acusados de secuestro y torturados para auto incriminarse.
La queja también estuvo dirigida al ombudsman y hoy Procurador Alejandro Habib Nicolás, la cual fue desechada sin una investigación exhaustiva y sin tomar en cuenta, los resultados de la prueba de protocolo de Estambul que se les practicó a los imputados.
Éste protocolo fue realizado por especialistas del TSJ y fue compatible con víctimas de tortura, sin embargo se archivó junto con un centenar más de carpetas que señalaban este delito.
Las omisiones de Lara Salinas en este caso, fue que rechazó aplicar una prueba de Estambul por parte de la Procuraduría, al aseverar que no contaban con el personal especializado para ello.
De hecho, indicó que esta situación apenas se subsanó al enviarse a capacitar a trabajadores de la Fiscalía. En este caso las personas que fueron acusadas de tortura y que están detenidas desde el 2013, impugnaron y lograron que la Comisión Nacional lograron que la Comisión local, ordenara reabrir la investigación de su queja.
El seguimiento a este caso lo haría el nuevo ombudsperson, quien cometió omisiones en un primer momento de la investigación y tendría conflictos de interés para un adecuado desarrollo de la investigaciónr