Mientras choferes de 500 taxis y 369 combis colectivas del transporte público que operan en Tizayuca, dejaron el volante hasta nuevo aviso, por el ambiente de inseguridad, regidores del Ayuntamiento demandan a la alcaldesa Susana Araceli Ángeles Quezada, dar una respuesta contundente.
Sin previo aviso, las 153 escuelas públicas y privadas suspendieron clases debido a la ola de inseguridad, por lo que ha sido necesario solicitar apoyo de corporaciones policiales, ya que no solo es la falta de transporte público, también, ha provocado el cierre de comercios.
De acuerdo con información extraoficial, los concesionarios han señalado que no saldrán más a las calles, hasta que se garantice la seguridad, tomando en cuenta, que existen cobros de derecho de piso; se sabe que la delincuencia organizada ha emitido tres avisos a concesionarios, para el pago, pero en caso contrario, se cobrarían con la vida del personal.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tizayuca ha tenido que hacer cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El primero titular solo estuvo al frente tres meses, Antonio Florido Segoviano; el segundo, Alfredo Acosta Hernández, con una duración en la secretaría similar, y hoy, Marcos Manuel Sánchez Garay, quien está al frente desde noviembre.
A decir del síndico jurídico de Tizayuca, Gabriel González García, no hay un pronunciamiento oficial por parte de los integrantes de la Asamblea Municipal, sin embargo, será este viernes a las 10 horas, cuando sostengan un encuentro con el actual secretario de Seguridad Ciudadana.
Señaló que hace unos días, en su calidad de síndico jurídico demandó la renuncia de Sánchez Garay, puesto que al presumir de su experiencia laboral, no ha tenido un impacto favorable en la seguridad del municipio, muestra de ello, citó los resultados de la encuesta de Masive Caller, dada a conocer hace unos días, donde, la alcaldesa en materia de percepción de confianza está reprobada, y, en cuanto a la inseguridad se refiere.
Lamentó que la situación sea grave en Tizayuca, partiendo que, las calles están solitarias, comercios cerrados y, aquellos que permanecen abiertos están obligados a cerrar a partir de las 17 horas, por el temor a ser extorsionados o bien, sean víctimas de algún ajuste de cuentas.
El funcionario comentó que la población que, en su mayoría vive en alguna de las más de 80 colonias y fraccionamientos, tienen que trasladarse en vehículos particulares que funcionan como UBER, aunque, los costos son elevados, pero la falta de transporte los obliga a utilizarlos.
