Nos hemos enterado como fueron extraditados diversas imputados por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.
En primer punto, esto se realiza en un clima de gran tensión entre nuestro vecino del norte y México y con posterioridad a que se les haya categorizado a los carteles como grupos terroristas.
En segundo punto, esto implica una colaboración sin duda alguna, entre la justicia norteamericana y la nuestra y por supuesto que un trabajo en conjunto en materia de seguridad, lo cual no solo es aplaudible sino de esperarse en un clima de colaboración como tantos años fue realizado.
No obstante, las extradiciones tienen implicaciones importantes jurídicamente hablando, como lo es el hecho de que no pueden tener una pena diversa a aquellas que se pudieran imponer en nuestro país o lo que ello implica, no se pueden imponer penas prohibidas en nuestro país como es la pena de muerte.
Del mismo modo, parece fundamental señalar que la justicia norteamericana tampoco implica la creación de una certeza indubitable en sus procesos o que los mismos, impliquen un mayor grado de seguridad que los tribunales mexicanos.
Maxime que incluso en nuestro país, existen sentencias que objetivamente demuestren la responsabilidad o no de una persona; es decir, existe un documento que funde y motive la razón por la cual una persona fue sentenciada o absuelta, misma que pudiera ser incluso criticada por cualquier persona en su versión pública.
No obstante, el sistema penal norteamericano se basa en la íntima convicción, lo que implica que las resoluciones de sus Cortes, serán por una cuestión interna de las cuales no conoceremos los motivos.
En consecuencia, si bien la colaboración implica una concesión de confianza mutua entre los sistemas de justicia, no debemos de perder de vista, que ello implica la reciprocidad hacia nuestra nación y el reconocimiento de un trabajo coordinado, que esperemos resulte en beneficios para ambas naciones.
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