La falta de un censo real y actualizado que permita identificar a los menores que han quedado en la orfandad, debido a la pandemia de COVID-19, la violencia o el feminicidio, dificulta la implementación de políticas públicas efectivas, para atender a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
De acuerdo con organizaciones como el Sipinna, durante algunos años se llegó a tener un informe que indicaba que al menos 200 niños ingresan de manera anual, a los servicios de urgencia por maltrato en el estado.
Los infantes sufren múltiples formas de violencia, que incluyen abuso físico, emocional, laboral e incluso explotación. Sin embargo, la ausencia de datos precisos, dificulta la puesta en marcha de algunos programas.
De igual manera, se ha detectado que los padres explotan a los hijos, ya sea obligándolos a trabajar en condiciones precarias o empleándolos en actividades que vulneran su dignidad.
Si bien en Hidalgo no se han detectado redes formales de explotación infantil, sí se tiene conocimiento de que, en muchos casos, son los padres quienes ejecutan este tipo de situaciones. Incluso se han identificado menores que provienen de otras entidades, como Puebla.
Ante ello, se ha resaltado la necesidad urgente de realizar un censo estatal y nacional, que permita conocer la magnitud del problema y diseñar estrategias efectivas para proteger a la niñez.
Se considera también imperante que los gobiernos estatal y municipal, coordinen acciones conjuntas en materia educativa, de salud y justicia, con el fin de prevenir y atender estos casos de violencia, ya que hasta el momento la niñez parece ser invisible a las políticas públicas.

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