En nuestro país podemos ver a lo largo de los años como las especulaciones y difamaciones respecto de supuestos ilícitos realizados por políticos de la vida nacional, lo que permite diversas opiniones por parte de nuestra sociedad e implica una guerra sucia de cara a las elecciones y la perdida o victoria en las urnas por uno o por otro partido.
De lo anterior se ha reclamado la falta de democracia y la creación de victorias a través de un marketing político mas que por una creación de conciencia social dentro de nuestro país.
No obstante, el Estado tiene un deber participativo dentro de esta guerra política dado que, la mayor parte de estos “ataques” pueden consistir en delitos que deben de ser perseguidos como una obligación del Estado.
En consecuencia, la certeza de la existencia o no de una conducta delictuoso eliminará toda especulación en las contiendas políticas puesto que, la sociedad se encuentra dividida entre aquella que cree en las difamaciones realizadas y aquellos que no.
Por tanto, solo el Estado a través de una imposición de un verdadero Estado de Derecho que garantice la verdad y la justicia; así como el apego a la ley por parte de las instituciones podrá otorgarle certeza a las personas de la información que se encuentra en las noticias.
No obstante, la responsabilidad especialmente de los servidores públicos es fundamental en un Estado Democrático puesto que, una vez que adquieren la calidad de servidores públicos sus preferencias partidistas deben desaparecer y trabajar en pro de un Estado Constitucional que evite en su totalidad especulaciones y que garantice procesos que puedan llegar a la verdad.
En ese sentido, no podemos pensar que una persona y una autoridad tienen la misma fuerza en sus palabras al emitir opiniones puesto que, la autoridad tiene mayor influencia en la sociedad por su calidad y como consecuencia mayor responsabilidad.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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