Luego de que el Congreso de la Unión avaló desaparecer los entes autónomos de transparencia, Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Contraloría de Hidalgo afirmó que los órganos internos de control de las instituciones públicas, se encargan de obligarlas a responder solicitudes de información.
Sostuvo que esas figuras de contraloría son igualmente responsables de acciones o de omisiones de los entes.
Tras las críticas a la reforma que extinguen al Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y, por ende, los de las entidades, ya que el Estado tendrá que responder las solicitudes sin un ente independiente facultado para obligarlo o revisarlo, afirmó que el objetivo de transferir las funciones del ente nacional a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y del local a la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, es “agilizar la información”.
“Ahorita como está el sistema, te puedes tardar dos o tres meses para que te den la respuesta. Tú dime, en el afán periodista de información, de investigación académica o de necesidad de una ¿Qué te puede servir una información que te va a venir dos meses después?”, dijo.
Respecto del señalamiento de que el gobierno será juez y parte en el proceso de transparencia, el secretario respondió que si en seis meses en vez de avanzar se retrocede en la materia, la ciudadanía “no lo va a permitir”.
En el caso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental (Itaih), indicó, sus funciones pasarán a la Dirección de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría, lo que también sucederá con algunas facultades que tiene actualmente el Sistema Estatal Anticorrupción en el Comité de Participación Ciudadana.
“Hoy los sistemas digitales dan la información de inmediato, pero tampoco teníamos lo que son las redes sociales (hace 20 años que se crearon los entes de transparencia) o toda la información que hoy en día nos llega a través de nuestros teléfonos celulares”, dijo.
