Pachuca.- El gobierno de Hidalgo gastará 36 millones de pesos en la contratación de servicios de consultoría y asesoría, para elaborar un diagnóstico de cumplimiento en la transición gubernamental del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el acta de fallo de la licitación EA-913003989-N019- 2022.
Según los documentos de la convocatoria, participaron las empresas Grupo Baktiko SA de CV, con una propuesta económica de 35 millones 998 mil pesos, pero no presentó la garantía de seriedad de la proposición y su propuesta fue desechada, así como Corporativo para el Desarrollo de Negocios VAQPA SA de CV, con una propuesta de 35 millones 996 mil 499.99 pesos, a quien le fue adjudicado el convenio.
De acuerdo con las bases de licitación pública, se requiere la elaboración de libros blancos, basados en los lineamientos generales para los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración pública federal, respecto a obras y acciones realizadas durante el actual gobierno, encabezado por el gobernador Omar Fayad Meneses, como son la construcción de la Supervía Colosio, el Hospital General de Pachuca (en sustitución del actual) y el puente elevado y distribuidor vial Galerías, así como el Operativo Escudo.
También se requiere un dictamen sobre el diagnóstico en materia de cumplimiento normativo para los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal 2022, especialmente en las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública y administración de personal (en lo que resulte aplicable), tanto respecto de los recursos de origen estatal como federal, el cual deberá incluir el conjunto de recomendaciones que el proveedor formule para efectos de mejorar el nivel de cumplimiento de 17 secretarías estatales, la Oficialía Mayor, la Unidad de Planeación y Prospectiva serán evaluadas y 10 organismos públicos descentralizados.
Además, se requieren otros dos diagnósticos de la información vinculada a la entrega-recepción, por la conclusión de la administración pública estatal actual, consistente en la revisión en la integración y calidad de la información correspondiente a las 18 secretarías de estado, 62 organismos públicos descentralizados y la Procuraduría General de Justicia estatal

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