Por Arturo Hernández Cordero
En la tarde del pasado martes, concluyó en Nueva York el juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, un mes antes de lo previsto; siendo declarado culpable de forma unánime, por los integrantes del jurado de los cinco delitos que se le imputaban.
Si bien, a mediados del juicio parecía que García Luna saldrían bien librado debido a la falta de material audiovisual que lo incriminara, fue el testimonio consistente del exnarcotraficante Jesús Zambada, aunado a la incapacidad de García Luna y su defensa por aclarar el origen de su riqueza lo que terminó por hundirlo ante el jurado, y ahora está a la espera de recibir una condena que oscila entre los cincuenta años de prisión y la cadena perpetua.
El veredicto en contra de quien fuera el máximo responsable de velar por la seguridad en México, ha supuesto un duro golpe para el PAN y sus simpatizantes, quienes se han limitado a evitar hablar del asunto a profundidad, eximir de toda culpa al expresidente Calderón y a señalar las fallas de la 4T en materia de seguridad.
No obstante, al haber sido García Luna una figura en quien el PAN durante muchos años confió y defendió férreamente, resulta imposible que su imagen como partido no se vea mancillada con el veredicto y que su legitimidad popular, ya de por si endeble, termine por colapsar ante los ojos de la ciudadanía.
A estas alturas, asumir responsabilidad en el caso, pudiera parecer menos costoso en términos políticos para Acción Nacional, que aferrarse en evadir el tema como lo hicieron sus diputados en el Congreso al abandonar la cámara apenas se supo el veredicto.
Aunque el Oficialismo ha celebrado por todo lo alto el resultado del juicio, cabe señalar que hasta el momento nada ha hecho por enjuiciar a los políticos y ex funcionarios corruptos del país.
Las características burocráticas tan rígidas que tiene el Sistema de Justicia Penal mexicano junto a la poca voluntad del Gobierno de México por combatir a la corrupción, han generado un espiral de impunidad, y hoy el mayor caso de corrupción de un ex funcionario mexicano en la historia reciente, se ha llevado a juicio en EE.UU. y no en México