Un supuesto vehículo que prestaba servicio de traslado de pasajeros, mediante la aplicación “Pronto”, fue intervenido por agentes de la Dirección de Movilidad y Transporte, a la altura de la Central de Autobuses de Tulancingo; un día antes, ocurrió un caso similar, en la colonia Napateco.
Con ello, suman siete los casos de este tipo de detenciones por parte de las autoridades bajo el argumento de que este tipo de servicio no está permitido.
Pese a que dirigentes de Concesionarios de Taxis, se han opuesto a este servicio tipo Uber entre a Tulancingo, la aplicación ya es utilizada por algunas personas, desde su celular, aunque las autoridades de Movilidad y Transporte, en el Estado de Hidalgo, no ha autorizado este tipo de actividad.
Jaime Luqueño Leyva, uno de los dirigentes de los trabajadores del volante en la región, dijo que han enfrentado este problema, ya que, al ser detenidos por los agentes viales de Tulancingo, éstos hacen la multa, de entre 80 y 90 mil pesos, misma que tienen que pagar en la citada dependencia estatal.
Luqueño Leyva, también dio a conocer que, del siete de febrero a la fecha, ya han sido intervenidas, siete unidades por prestar este servicio de pasajeros, que es exclusivo de taxis concesionados.
De acuerdo con el artículo 268 de la Ley del Transporte Público, la autoridad competente, a través de los inspectores del transporte, podrán ordenar, ejercer y realizar como medida cautelar o de seguridad, la detención y aseguramiento de los vehículos que sean sorprendidos flagrantemente prestando el servicio de transporte correspondiente sin contar con la concesión, el permiso o la autorización respectiva.
En caso de que el vehículo retenido, ostente una imagen similar o igual a la que la autoridad competente haya asignado a la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros del colectivo o individual o que sea de tal forma parecida a la de una empresa o ruta de servicio público o sitio autorizado, ésta deberá removerse por el responsable en forma previa a la liberación que ordene el Ministerio Público u órgano jurisdiccional que corresponda.