Desde el inició del proceso electoral en curso, las agresiones contra políticos han crecido a niveles nunca antes vistos. Este escenario enrarecido no le conviene a nadie. Mucho menos a un gobierno que busca consolidar su proyecto político en los comicios más grandes de nuestra historia.
Un primer punto de arranque para analizar el tema, puede estar en el ambiente en que se desarrollan las actuales campañas políticas. Esto es, la constante polarización que se alimenta en estos tiempos.
Pensar en la política como una confrontación entre dos bloques (conservadores vs liberales, retrógradas vs transformadores, los que quieren cambiar vs los que se niegan al cambio).
Este lenguaje genera un caldo de cultivo, donde las posiciones políticas solo se entienden en uno de los dos espectros citados. En síntesis, el razonamiento (propio de los regímenes no democráticos) se resume en un “estás conmigo o estás contra mí”.
La cuestión es que la narrativa política se conduce por estas vías en donde no hay cabida a la confrontación de ideas; por el contrario, la consecuencia de dicha visión abona a una lucha desgarrada por el poder donde es muy sencillo señalar, descalificar, ofender, provocar, inventar y una larga lista de etcéteras encaminadas a eliminar al adversario.
Lo anterior, se desarrolla en un país violentado desde hace años. Es decir, las campañas políticas se realizan en medio de una serie de heridas sociales en donde es común aplicar la justicia por propia mano, el ajuste de cuentas, la impunidad, la complicidad de autoridades locales, la ausencia de policías capacitados, la fragilidad jurídica de los ministerios públicos, en fin.
Por último, hay que sumar una hipótesis más aventurada. Es muy probable que en algunos lugares, el crimen organizado este presente en la dinámica electoral ya sea poniendo candidatos o bien eliminando a quienes sean contrarios a sus intereses.
Esta última lectura se basa en el modus operandi que se utiliza para asesinar a ciertos candidatos. Es decir, estos crímenes se realizan con armas de alto calibre, a plena luz del día, en lugares estratégicos, en fin. Características que nos llevan a pensar que no hay improvisaciones. Por el contrario, parece que los asesinos son profesionales y tienen muy claro su objetivo.
Todos los elementos anteriores arrojan una cifra preocupante. Según la revista Forbes, México suma 79 políticos asesinados durante el proceso electoral de 2021, de ese total, 31 eran candidatos, 49% pertenecían a la coalición PAN, PRI, PRD y 17% a Morena.
Por su parte, BBC news, reporta que se han registrado 169 ataques a quienes están alrededor de las campañas –entre militantes, activistas, funcionarios, o periodistas-, 143 aseguran, tuvieron consecuencias fatales.
El portal Política.Expansión publicó ayer (27 de mayo), que en siete meses, suman 476 agresiones contra políticos y candidatos. Aludiendo a que el actual proceso electoral es el segundo más violento desde el año 2000; Veracruz es el estado que más homicidios de candidatos reporta.
Con estos números, la atención no debe concentrarse en un solo periodo electoral. La emergencia exige la deconstrucción de la política. Es decir, en deshacer analíticamente las relaciones de poder y otorgarles una nueva estructura y un nuevo significado. Transformar la forma y el fondo. Esto no es exclusivo de los políticos, ni de las instituciones o autoridades. Es una obligación de todos porque se trata de modificar las bases. De lo contrario, seguirá la escalada de violencia hasta normalizar el crimen como un elemento adicional a las beligerantes campañas políticas.
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