De las más de mil 500 personas que iniciaron denuncias en Hidalgo por tortura, el 90 por ciento no están localizables tras salir de prisión, dijo el fiscal Especializado para prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura en la entidad, Javier Baños Morales.
El servidor indicó que recibió el cargo, hace más de un mes, con mil 535 carpetas de investigación y en su gestión, se han iniciado otras 15 denuncias contra elementos de corporación y seguridad, incluyendo los celadores de los reclusorios.
“Resulta que cuando hacemos la investigación, pues esas personas al salir de estar detenidos o de la cárcel, obviamente ya no están localizables, además de que muchos de ellos dan nombres falsos, o sea que no están localizables”, aseveró el integrante de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Del otro 10 por ciento, dijo que se encuentran integrando las carpetas. Para determinar si hubo un posible delito de tortura, les aplicarán el Protocolo de Estambul.
Señaló que en este momento no cuentan con los peritos especializados, ya que los que ha tenido, se fueron en busca de mejores opciones laborales.
A través de la denuncia de tortura, agregó, hay muchos abogados defensores que intentan tirar las declaraciones en las cuales sus clientes se dijeron confesos o señalaron a copartícipes de algún delito.
“Para que ellos puedan salir de la cárcel, porque obviamente el decretar que sí hubo tortura, al comprobarse, qué va a pasar con ese delito si esas declaraciones son nulas, pues obviamente van a salir de la cárcel”, agregó.
Baños Morales afirmó que las denuncia por este delito, se han acumulado por 20 años.
“En la fiscalía vamos a procurar que no sean vulnerados sus derechos humanos, la tortura es la principal violación de derechos humanos y tenemos indicaciones del gobernador de que estemos atentos, de que supervisemos las carpetas, de que se les haga justicia a todos”, afirmó.
