Un 94,8% de los delitos no ve una salida en México. Eso prácticamente todas y todos lo sabemos, pero de lo que hay poca evidencia, es de la problemática que profundiza dicho problema.
En primer lugar, señalar que las fiscalías locales están asfixiadas por el número de carpetas partiendo del propio colapso de los agentes investigadores.
En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326.
Misma situación de las y los peritos, quienes están encargados de aportar elementos técnicos a la investigación; en el orden federal atienden en promedio unas 160 solicitudes de análisis pericial, pero a nivel local, más de 448.
Sin embargo, del total de dictámenes solicitados, sólo están en capacidad de atender al menos un 4%, lo que provoca que la gran mayoría de casos no lleguen a ser judicializados por falta de elementos de prueba.
Otro gran problema es la falta de jueces. México cuenta con unos cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia 12; y Costa Rica, el país con menor tasa de impunidad en América Latina, con 26, mientras que cada defensor público lleva en promedio 152 casos.
La prisión preventiva aumentó en un 21% en el último año, procedimiento que otorga 24 meses de margen, a las fiscalías para engrosar las carpetas de investigación, pero que explica porque hay muchas personas inocentes en prisión. Por lo que los derechos de las y los procesados, tampoco están garantizados.
También, el informe registra que una de cada cuatro detenciones, fueron ilegales. Y el análisis registra además una brecha entre el género de los acusados.
Las mujeres acusadas de cualquier delito, tienen más posibilidades de ser sentenciadas a prisión preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres).
La impunidad y toda la crisis institucional a su alrededor es una invitación a matar, extorsionar, secuestrar o cometer cualquier delito debido a la casi nula posibilidad de ser sancionado
