La diputada priista Sayonara Vargas Rodríguez propuso reformas al artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que las personas privadas de su libertad, tengan mejores niveles de conocimientos para su desarrollo personal.
Señaló que con una elevada tasa de reincidencia a los centros penitenciarios del 57,7 por ciento, se evidencia la falta de recursos para poder cumplir con sus expectativas rehabilitadoras.
Argumentó que dentro de las causas más comunes que presentan las personas privadas de libertad para una difícil reinserción social, es la inequidad en cuanto al acceso de oportunidades educativas y laborales.
“A pesar de que los centros penitenciarios intentan mejorar la situación, haciendo programas con distintas universidades, faltan las características orientadas hacia una educación plena con el objetivo de proteger los Derechos Humanos y una reinserción social”, señaló la diputada federal por el estado de Hidalgo.
En este sentido, insistió en que la mayoría de las prisiones muestran una situación de hacinamiento, que no permiten un buen desarrollo de los programas formativos para las personas privadas de libertad (PPL), puesto que dan un seguimiento precarizado para cada individuo.
Precisó que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, llevada a cabo en 2021, el 69.7 por ciento cuenta con educación básica; el 21 por ciento con educación media superior; el 6.1 por ciento realizó alguna carrera técnica, comercial o universitaria. Mientras 3.2 por ciento de esta población, refirió no tener ningún tipo de estudios formales.
Vargas Rodríguez subrayó que, para conseguir el objetivo de brindar educación basada en la reinserción, los centros penitenciarios tienen que facilitar herramientas de cambio existencial para las Personas Privadas de su Libertad.
Planteó que la educación que se imparta en los centros penitenciarios será laica, gratuita y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados.
La educación impartida en los centros penitenciarios tendrá como objetivo el desarrollo pleno de las facultades del sentenciado y la reinserción social. Promoviendo una convivencia de respeto, tolerancia, apoyo y empatía.
Indicó que tratándose de personas indígenas, la educación que se les imparta será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua
