Informe de titular DH, pero bajo denuncias de desechar quejas por violencia Vicaria

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, presentará su primer informe de actividades y comparecerá ante diputados locales.
Según el acuerdo de la Junta de Gobierno del Congreso local, aprobado en sesión del 17 de julio pasado, a petición de la ombudsperson se aprobó la presentación del informe de actividades.
El acto será ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Personas con Discapacidad del Congreso, el próximo 3 de agosto, a las 11:00 horas, en la Sala de la Diputación Permanente.
La mecánica de la comparecencia será de 20 minutos para la presentación del informe y 3 minutos para preguntas por parte de los diputados y hasta 2 minutos para replica, explicó Tenorio Cruz.
La presidenta de la CDHEH tomó protesta al cargo el 29 de julio pasado, luego de que el dictamen para la designación del ombusdperson tardara 6 meses en aprobarse. Esto, tras la inconformidad de activistas y legisladores de designar a Javier Ramiro Lara como titular del organismo autónomo, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente interino, previamente había sido visitador general y antes procurador general de justicia de Hidalgo.
A finales de junio, un grupo de mujeres exigieron la renuncia de Parra Bonilla y la señalaron de desechar las quejas que han presentado ante el organismo autónomo.
Integrantes de diferentes agrupaciones, realizaron una protesta afuera de la sede de la dependencia estatal, en Pachuca, y bloquearon por un momento la avenida Revolución, para exigir dialogar con la ombudsperson. No obstante, estaba en la Ciudad de México.
Las víctimas de violencia vicaria acusaron a la presidenta de la CDHEH, de deshacerse de las quejas que han ingresado, enviándolas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Haidee Franco Moreno, integrante de la Unión de Madres Protectoras y la Mercadita Las Insurgentas, refirió que han identificado que cinco o seis expedientes fueron remitidos a la CNDH, lo cual consideraron una “ilegalidad”