El titular de la secretaría de la Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, señaló que el caso del alcalde electo de San Felipe Orizatlán, Carlos Pérez Escamilla, quien se encuentra inhabilitado para fungir como servidor público, lo resolverá las “vías administrativas”, con lo que se determinará si podrá o no rendir protesta.
En entrevista, el funcionario recordó que el político del Partido del Trabajo (PT), fue sancionado por el órgano de control interno del municipio por no entregar su declaración patrimonial.
“El problema de su inhabilitación es por no haber presentado su declaración patrimonial y por haber presentado un documento que no tenía una característica”, dijo.
La inhabilitación contra Pérez Escamilla es por un periodo de 30 meses, que empezaron en febrero pasado, lo que le impediría rendir protesta el 5 de septiembre próximo.
Señaló que el integrante del PT se encuentra litigando contra su inhabilitación, por lo que se debe esperar el fallo.
“Se amparó primero con el (tribunal) electoral, pero el electoral dijo que no era su competencia, y con justificada razón, porque esta instancia ve asuntos de carácter electoral, está inhabilitación no obedeció a un carácter electoral, no cometió una infracción de las leyes electorales, cometió una infracción administrativa”, indicó.
El alcalde electo también promovió un amparo contra la Contraloría, por no permitirle presentar las pruebas en su defensa contra la inhabilitación.
Sin embargo, el secretario de la Contraloría dijo la sanción la aplicó el órgano interno de control del municipio, ente al que correspondía darle “los tiempos” para su defensa.
Respecto de quién debería tomar protesta si se determina que el alcalde electo no puede asumir, Bardales Ramírez indicó que no podía dar la respuesta debido a que “está en juicio”.
Otro edil electo que fue inhabilitado es Armando Pérez Hernández, de Zacualtipán, cuya sanción termina en agosto, antes de la toma de protesta de las nuevas autoridades municipales.
