Durante 2022, la Secretaría de la Contraloría estatal y sus similares municipales, registran 34 servidores públicos sancionados con penas como la inhabilitación.
Según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y del Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados, la principal causa es la falta de presentación de declaración patrimonial.
Este año, la Contraloría estatal inhabilitó a Elizabeth Sánchez Tapia, trabajadora del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), tras la una denuncia ciudadana que le atribuye la comisión de una negligencia administrativa.
Su sanción es la más amplia aplicada por el ente estatal en 2022: del 11 de febrero de 2022 al 2 de mayo de 2023, por el presunto desvío de recursos por 1.4 millones de pesos.
La mayoría de las 34 sanciones a servidores públicos estatales y municipales, concluyen en 2023. Estas se derivan de procesos iniciados por los órganos municipales, la Secretaría de la Contraloría estatal y compañeros de trabajo.
Durante el sexenio de Omar Fayad Meneses, que finaliza el próximo 4 de septiembre, una de las inhabilitaciones más largas aplicadas por la Contraloría, es la emitida contra Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) en el sexenio de Francisco Olvera Ruiz.
El exfuncionario, también sentenciado a 10 años de presión por el delito de peculado, tiene vigentes dos procedimientos sancionadores, con fechas del 17 de mayo y en 27 de octubre de 2017, por un periodo de 10 años.
En el actual gobierno, el funcionario de mayor rango inhabilitado ha sido el exsecretario de Cultura Olaf Hernández Sánchez, quien el año pasado fue exhibido en un video en el que se ve bebido y festejando en las antiguas instalaciones de la dependencia, en la etapa más álgida de la pandemia de Covid-19, junto a un grupo de colaboradores.
El convite fue dado a conocer a finales de febrero 2021, por lo que el 1 de marzo, solicitó licencia al cargo para que la Contraloría lo investigara por la fiesta en la que participó, junto con subalternos, dentro de las instalaciones de la secretaría. El convivio, que dejó destrozos en el mobiliario de la dependencia, fue calificado por el exservidor como «supuestos hechos».
Sin embargo, el exfuncionario fue penalizado hasta el 3 de septiembre pasado: seis meses después, aunque su sanción quedó publicada por la Contraloría hasta el 10 de noviembre pasado
