La Comisión de Derechos Humanos de Estado de Hidalgo (CDHEH), inició una queja de oficio e indaga probables violaciones en la actuación de cinco instituciones relacionadas al caso del feminicidio de Rosaura, joven asesinada por su expareja, un expolicía de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la presidenta del organismo, Ana Karen Parra Bonilla, el expediente CDHEH-VG-235-25 fue motivado por las declaraciones que emitieron algunas instituciones, las cuales rechazó nombrar, respecto del multihomicidio en la localidad de Azoyatla.
Sobre los señalamientos de que los entes gubernamentales no protegieron a la víctima de su presunto victimario, contra el que ya había dos causas penales por violencia familiar, la ombudsperson dijo que en este momento no podría pronunciarse sobre si el actuar de las autoridades fue correcto o incorrecto o “si alguien tiene culpa”, pues se encuentran en investigación.
Aseveró que emitir una opinión sería “irresponsable” sin tener claro el proceder de las instituciones implicadas en la queja.
“Lamentamos mucho la situación que están viviendo, que lamentamos muchísimos las declaraciones, pero que también sabemos que es necesario que podamos investigar todas las actuaciones”, agregó.
Indicó que han solicitado reportes del caso a autoridades y a establecimientos que le pueden dar información a la comisión.
De las cinco instituciones, únicamente dos han contestado los oficios enviados por la CDHEH, aunque indicó que las demás están en tiempo para hacerlo.
Sobre si las instituciones que fallaron en el caso como Estado, Parra Bonilla respondió que “catalogar” si alguien lo hizo se da cuando se hace una investigación y se tienen todos elementos.
De lo contrario, aseveró, realizaría un “prejuicio” que no abona a la defensa de las personas asesinadas.
El poderío del partido gobernarte. muy probablemente, nuevamente se hará notar en Hidalgo, como sucede en los casos de Sinaloa y del exgobernaor de Morelos, como también paso con el de Veracruz, que en lugar de proceder contra el denunciado, le hecha montón y dan de baja a un fiscal, que se atrevió a denunciar los casos de supuestos delitos sexuales, maniobras que han sucedido en el mismo Hidalgo, que a pesar de hechos que la ley prevé como delitos y actos de deshonestidad, que tienen a excolaboradores en la cárcel, mientras que quienes eran titulares de los ejecutivos fueron premiados como embajadores u otros cargos como los Yunes, para otorgarles inmunidad. Los casos de multhiomicidio en Mineral de la Reforma y el supuesto abuso sexual de menores en Zimapán, si esto hubiera pasado en los gobiernos priístas por los menos ya hubieran suspendidos de sus funciones a los servidores públicos involucrados, aunque se tratara de un alto funcionario de gobierno, para lograr la libre investigación. Estamos mal.