A partir de las 00:00 horas de este 26 de abril, el exalcalde Cipriano Charrez Pedraza, inició una huelga de hambre “por tiempo indefinido” desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, ante lo que calificó como “la represión política, la tortura física y psicológica” y “la corrupción” de jueces y ministerios públicos, “auspiciados” por el gobernador Omar Fayad Meneses.
En un escrito publicado en su cuenta de redes sociales, el exlegislador federal afirmó que en los dos procesos penales que se le siguen, lo tienen preso desde hace un año siete meses, las autoridades han usado testigos fabricados, comprados o amenazados para firmar alguna declaración.
Charrez Pedraza enfrenta acusaciones penales por el homicidio doloso de un joven, quien murió calcinado en un accidente automovilístico ocasionado por el exedil, así como por el intento de homicidio contra su hermano Pascual cuando este se desempeñaba como presidente municipal de Ixmiquilpan.
“Las juezas de control Karina Vértiz Marín y Janeth Montiel Mendoza, de forma reiterada han cometido una serie de ilegalidades en sus decisiones violentado mis derechos, y con cinismo solo dicen que, si no me gustan sus decisiones, que me queje en alguna instancia”, aseveró.
Acusó que ambas han permitido que el MP mienta y le niegue la presentación de pruebas, peritajes y testimonios, así como violentado su derecho como indígena a una asistencia con perspectiva de interculturalidad.
“Incluso han llegado a tal grado que me han cooptado mis abogados para que no hagan bien su trabajo, abandonen el cargo de mi defensa, intimidarlos con iniciarles carpetas de investigación o quitarlos de forma ilegal”, añadió.
El exlegislador local, quien se denomina un preso político, agregó que en prisión ha sido golpeado y le han robado dinero; por reclamar, dijo, ha permanecido 23 horas al día “encerrado y aislado”.
“He sufrido tortura física, psicológica y amenazas que me sacarán para aparecer muerto en algún lugar. Todo esto lo he denunciado y ni Derechos Humanos del Estado ha actuado, ni el MP”, sostuvo.
Insistió en que en la entidad hay un “golpeteo político” a líder y luchadores sociales con la fabricación de delitos y testigos comprados “como modus operandi, que los sujetan “a proceso para tenerlos en prisión”.
De la “representación política” acusó al gobernador, al procurador Raúl Arroyo González; a los secretarios de Gobierno y Seguridad, Simón Vargas Aguilar y Mauricio Delmar Saavedra, así como a las dos juezas de control y a los jueces federales, a los que señaló de desechar sus amparos “sin analizar los argumentos legales”
