Gerardo Romero García, presidente de la asociación Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo (Defiendehh AC), interpuso en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) un juicio de nulidad contra la designación de Lucero Calderón Hernández como quinta integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
La exfuncionaria de la Secretaría de la Contraloría del gobierno de Hidalgo fue electa el pasado 19 de enero por la mayoría de la Comisión de Selección del SEA, por un periodo de cinco a partir del 29 de enero de 2021.
Ese mismo día, Romero García, exaspirantes al puesto en el CPC, y organizaciones sociales y de abogados advirtieron un “grave conflicto de interés” en la designación de Calderón Hernández, pues su esposo, Raúl Kenndy Cabildo, es consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Datos Personales de Hidalgo (Itaih), ente integrante del SEA.
Incluso, acudió ante el Congreso del estado para solicitar que se evaluara la designación. También acusó la intromisión de la presidenta del Itaih, Myrna Moncada Mahue, para favorecer a la cónyuge de su compañero.
“Seguimos en la lucha. Es mi deseo informar a la sociedad que el día de hoy se interpuso oficialmente Juicio de Nulidad para revertir la elección del quinto miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo”, público el jueves el presidente de Defiendehh en sus redes sociales.
El abogado aseguró que él y la agrupación que representa estarán “atentos” a la resolución del TJA.
“Este es un tema de todos: no debemos permitir que haya opacidad y conflictos de intereses en nuestro Sistema que combate a la corrupción”, agregó.
De las personas que llegaron a la fase final del proceso de selección del quinto elemento del comité ciudadano, solo Romero García proviene de la sociedad civil; los cuatro restante están vinculados –incluida la seleccionada– a la administración estatal y la función pública.
Antes de integrarse al SEA, Calderón Hernández fungió como subdirectora en la Secretaría de la Contraloría estatal, con un sueldo bruto de 19 mil 175 pesos mensuales. Ahora percibe honorarios por 36 mil 400 pesos, de acuerdo con la Secretaría Técnica SEA.