Difícilmente olvidaremos el indignante derrumbe de la Línea 12 del metro en el que fallecieron 26 personas, una obra que desde su nacimiento estuvo marcada por irregularidades y una tragedia que nos recordó una vez más que la corrupción no es un crimen sin víctimas.
Duele profundamente pensar que esas muertes y esos heridos no debieron existir. que ese accidente no debió suceder. Irrita pensar que cada acto corrupto además de crear beneficios ilegítimos para alguien, daña más a quienes menos tienen.
Si el que avisa no es traidor, desde 2018 la ASF ya había estimado que en México la desviación promedio en una obra pública es de hasta un 140% que no significa otra cosa que construcciones mal hechas o innecesarias que terminan catalogadas como “elefantes blancos”, precios excesivamente elevados y demoras en la entrega.
Todo esto coloca a la obra pública como el sector más corrupto a nivel nacional y en Hidalgo, la propia Secretaría de la Contraloría ha reconocido que en 2020 se encontraron irregularidades en 56 obras, aunque no se especificaron cuáles ni de qué tipo.
Aunque desde años se ha señalado que una de las mayores problemáticas en la entidad son las adjudicaciones directas, debido a que los procesos carecen de condiciones mínimas de equidad y libre competencia.
Un ejemplo ilustrativo es el Instituto Hidalguense de Infraestructura Educativa, que sólo en el mes de febrero adjudicó directamente 52 proyectos o el Grupo Inmobiliario Treci, que recibió 50 contratos de obra pública por casi 53 MDP entre 2018 y 2020 del Ayuntamiento de Huejutla, sin concursar con otras empresas.
Nadie duda del enorme valor de la obra pública, especialmente en estos momentos para la recuperación económica, pero no esperemos una tragedia para ser exigir la revisión de la calidad de los materiales, el cumplimiento de normas de seguridad y el mantenimiento de cualquier proyecto que se ha realizado y se está por realizar, especialmente las que prometen las y los candidatos. La corrupción matar¿
