Decir que los partidos políticos atraviesan una profunda crisis de confianza y legitimidad, no es una exageración: han perdido la capacidad de conectar con la gente, de formar cuadros, de convencer y movilizar a sus bases.
Así que a nadie debe sorprender lo bien que fue recibida entre la ciudadanía, la Iniciativa de Ley que presentó la semana pasada el grupo parlamentario de Morena en el Senado, con la que buscan reducir el 50% del financiamiento público que reciben los partidos, para destinarlo a vacunas y programas sociales.
Su propuesta no es nueva. Surgió en 2017, luego de los sismos que afectaron a la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, y a finales de 2019, ya fue rechazada en la Cámara de Diputados.
Se puede argumentar que una iniciativa presentada en medio del proceso electoral, no es más que propaganda y que el financiamiento público es algo así como un “escudo protector” para evitar que los partidos busquen el dinero en fuentes ilícitas, desvíen recursos de los gobiernos emanados de sus filas o que hagan compromisos con “padrinos” del crimen organizado (como si esto no ocurriera en cada proceso electoral).
No creo que la iniciativa prospere ni que sea la solución a un asunto tan delicado y complejo, pero sí debe servir para discutir en serio, la necesidad de reformar el modelo de financiamiento público, porque tal parece que sobra dinero y falta control, transparencia, fiscalización y medios para seguir la pista a las colosales cantidades de dinero en efectivo que circulan en las campañas.
Se requiere una asignación razonable que no ponga en riesgo la equidad de las contiendas y el pluralismo político, pero sea acorde a la crisis económica y sanitaria que enfrentamos.
No se puede validar que los 14 partidos que tienen registro en Hidalgo, se repartan con la cuchara grande un monto de 157 millones de pesos o a nivel nacional más de 7 mil mdp sin entregar cuentas claras, mientras que al resto de la gente apenas les alcanza para sobrevivir
