Mucho se ha escrito y hemos escrito sobre la igualdad de las personas ante la ley, pero la normativa no es ciega y se percata de las desigualdades existentes en el mundo real.
En consecuencia, es que la norma termina siendo una de las desigualdades de la vida jurídica por medio de la cual la ley intenta igualar las condiciones que en la vida real no existen.
Una de las grandes desigualdades se encuentra en los procesos, puesto que en diversidad de procesos y materias jurídicas el Estado se enfrenta a un gobernado, donde el Estado represente todo el poder de un sistema o inclusive un proceso donde se encuentra el poder de una empresa o de un patrón contra un empleado o de un terrateniente contra un campesino.
Sin embargo, en los casos anteriormente mencionados debemos de señalar que la norma busca equiparar a las partes para que tenga las mismas oportunidades de lograr los resultados deseados.
Por ello, es que los procesos obligan a las autoridades a otorgar medios y elementos necesarios a las partes menos favorecidas para que puedan estar en condiciones necesarias para poder estar al nivel del adversario de poder enfrentarse en el mismo proceso.
Un claro ejemplo de lo anterior, es el proceso penal, donde el Ministerio Público tiene medios de coerción e incluso a la policía para hacer cumplir sus ordenes mientras que la defensa y el acusado no lo tienen, por lo que las autoridades no solamente están en obligación de apoyarles sino de lograr que sus acciones de defensa tengan la misma eficacia que si fuesen de la Representación Social.
Lo anterior en virtud de que si no fuese así, jamás se pudiera tener la certeza si la persona ha sido condenada por ser verdaderamente culpable o si la culpa de la condena fue por no tener los medios necesarios para su defensa, lo que implicaría pensar que la condena no hubiese sido justa y que la impunidad hubiese vencido en el proceso.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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