Por Arturo Hernández Cordero

Las primeras dos semanas del 2024, han sido de una turbulencia total en la República del Ecuador. La nación andina ha vivido días convulsos a raíz del estado de excepción declarado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, tras el alza de la violencia en el país debida a la fuga de prisión del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (mejor conocido como “Fito”).
A pesar de que la violencia en Ecuador ha acaparado la atención internacional recientemente en las últimas semanas, lo cierto es que dicho país lleva viviendo una situación de inseguridad generalizada, desde hace cuando menos cinco años.
Sin ir más lejos, en agosto del año pasado fue asesinado por el crimen organizado el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, después de que este último anunciase un combate total en contra del narcotráfico en caso de llegar a la presidencia, lo que sin duda retrata la falta de estado de derecho generalizada en el Ecuador.
Los niveles de violencia en el país sudamericano se han disparado de forma abrupta, a partir del año 2019, cuando su tasa de homicidio se situaba en 6.84 asesinatos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2023 se alcanzó un máximo de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
El crecimiento exponencial de la inseguridad en Ecuador, tiene distintas causales que hacen que diversos analistas políticos hablen sobre una “mexicanización” del país. Por un lado, la relación de carteles mexicanos con los grupos del crimen organizado ecuatorianos, ha dotado a estos últimos de un modus operandi totalmente atípico para los estándares de un país con las dimensiones de Ecuador, pero también, la impunidad propiciada por el régimen izquierdista de Rafael Correa y la corrupción en todos los niveles de gobierno, hacen que la actualidad ecuatoriana tenga evidente similitud con la situación de violencia en México.
El estado de excepción hoy declarado por Daniel Noboa, es una medida imprescindible de cara a la recuperación del estado de derecho en Ecuador, tal como lo hiciera Nayib Bukele en El Salvador. El tiempo dirá, si tales medidas de combate al crimen organizado surten efecto en un país de mayores proporciones.

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