México es un país que como pocos ha sufrido una crisis de seguridad y ello ha dado como consecuencia que la materia penal lejos de convertirse en una rama del derecho alejada de la sociedad tristemente se vuelva una naturalización cotidiana de las personas.
Lo anterior, ha dado como consecuencia que, la sociedad normalice los procesos penales como una situación cotidiana incluso como medio de cobranza a tal grado que se ha establecido inclusive por interpretaciones federales que la manera más efectiva para obtener la reparación de daños y perjuicios como consecuencia de un posible hecho delictuoso es un proceso penal.
Si bien, debemos de partir de la idea de que en México se ha intentado implementar la participación activa de la población en los procesos penales, ello no debe de llevar a suponer que las partes son los participes principales en un proceso penal, puesto que a quien le interesa en primer plano un proceso penal es al Estado para mantener la paz social y al imputado para evitar ser castigado injustamente o ser reinsertado a la sociedad de haber cometido el hecho.
Sin embargo, ello no debe de ser confundido con la posibilidad de accionar el sistema penal como un sistema de cobro, dado que el hecho de considerar una mayor factibilidad de obtener el pago de daños y perjuicios es muy peligroso para un estado democrático de derecho.
Lo anterior, en virtud de que en estricto sentido el pago de daños y perjuicio debería de ser obtenido por medio de un proceso civil el cual en teoría tiene una menor carga probatoria para la presunta víctima, debe de ser mucho más rápido puesto que necesidad de corroborar los hechos para obtener la verdad es menor y no existe una presunción contraria a la presunta víctima.
En cambio, pensar que a través de una presión penal se pudiera obtener un beneficio más pronto implica sin lugar a dudas considerar al derecho penal como un tipo de venganza privada, el cual debe de desaparecer en la mente de nuestro Estado.
Lic. Juan Fernando González Espinosa
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