Por Arturo Hernández Cordero
El pasado lunes, el fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra del “Plan B” de la Reforma Electoral impulsada por el Gobierno de López Obrador, puso en tela de juicio la imparcialidad, apego a la constitucionalidad y total neutralidad política que se supone, deberían siempre regir a la Suprema Corte.
Y es que desde inicios del sexenio, cuando la titularidad del máximo órgano judicial recaía en el Ministro Arturo Saldívar, hasta ahora con la Ministra Norma Piña a la cabeza, la politización de la Suprema Corte se hace cada vez más evidente y propicia una desconfianza ciudadana en el Poder Judicial sin precedentes.
Si bien, la clara actitud facciosa en contra de cualquier iniciativa impulsada desde el oficialismo por parte de la Norma Piña y varios otros Ministros de la SCJN es evidente, la gestión de Arturo Saldívar no estuvo exenta de un sesgo político, pero en su caso, era su adhesión a la agenda globalista y servilismo a la izquierda en el poder, lo que dio inicio a la crisis de legitimidad del Poder Judicial, que si bien, lleva décadas viciado por la inoperancia, corrupción y politización, sus deficiencias nunca habían sido tan percibidas por el ojo público.
En el caso específico del “Plan B” de la Reforma Electoral, la SCJN alegó que el proceso legislativo no fue respetado durante su aprobación, una decisión de corte político si se tiene en cuenta que en reiteradas ocasiones la SCJN ha resuelto a favor de reformas anticonstitucionales o que atentan contra la soberanía nacional; además, la resolución de la Suprema Corte vulnera la separación de poderes al invalidar de forma arbitraria una reforma aprobada por una mayoría legislativa.
Pese a la insistencia del oficialismo por señalar a la SCJN como un órgano conservador, lo cierto es que la mayoría de los Ministros de la SCJN tienen una convicción fuertemente progresista en términos ideológicos, no obstante, cuando se habla de términos políticos, la Corte está dividida entre oficialistas y opositores, lo que resulta en un escenario completamente ajeno al ideal de un Poder Judicial netamente imparcial, que resta confianza ciudadana al Sistema de pesos y contrapesos del Estado Mexicano