A unos días de ejercer el cargo de gobernador constitucional, el Lic. Julio Menchaca Salazar, tuvo que hacerle frente a un acontecimiento muy complicado. Resulta que un accidente automovilístico, dejó sin vida a 18 personas de la huasteca hidalguense.
Estos eventos ponen a prueba la capacidad de reacción de un gobierno. Porque es cierto que algunos accidentes se pueden prevenir, pero otros son producto del infortunio y están lejos de ser responsabilidad de una administración.
El caso referido tiene varios componentes. El primero es la necesidad que existe en la región. Es claro, que las carencias son varias y las personas tienen que migrar para buscar opciones laborales. Este fue el caso de aquellos que lamentablemente perdieron la vida.
Por otro lado, descubrimos nuevamente que el transporte público, adolece de una buena póliza de seguros que le permita hacerles frente a estas situaciones. Las empresas que se dedican al ramo, buscan economizar en este sentido y, por tanto, nos encontramos con apoyos pírricos.
Otro elemento es la situación de las vías de comunicación. Muchas de ellas en deterioro, lo cual hace complicado el traslado seguro de pasajeros y mercancías por las distintas carreteras federales del país.
Por último, las condiciones de seguridad de las empresas que transportan hidrocarburos. En ese particular, la ley tiene que ser muy rigurosa con las políticas que hacen posible la circulación de estos vehículos pesados.
No está por demás mencionar a los operadores de dichos transportes, que con sobrada dosis de imprudencia ponen en riesgo la vida de familias enteras. Si a todo lo anterior le sumamos una mala reacción del gobierno, estos hechos se traducen en dos tragedias, la administrativa y la que lastima a todos, por os fallecimientos referidos.
En una suerte de primera revisión, la administración que recién empieza reaccionó de buena manera, designó a un subsecretario para que acudiera al lugar de los hechos, se coordinó con el gobierno de Tamaulipas dado que la tragedia ocurrió en aquel estado del norte, estableció contacto con los familiares y revisó el estatus de la empresa que ofrecía el servicio público de transporte.
En muy evidente que hay cosas que no se puede evitar. Pero el gobierno tiene que ser un ente que dé respuesta ante estas contingencias. Justo eso justifica tener un aparato jurídico que procure la integridad de las personas.
Ojalá que no haya más tragedias en el estado; y aunque eso puede ser inevitable, lo que no debemos permitir es que exista un gobierno indiferente al dolor de las personas. En ese sentido, debemos estar muy atentos del pulso que deben tener las autoridades, para no permitir el desdén de los tomadores de decisión.
De hecho, un buen ejemplo para explicar la pertinencia del Estado (así, con mayúsculas) se encuentra en los momentos difíciles. Entre ellos, conflictos, guerras, desastres naturales, etc. Ahí, todo el aparato jurídico – político de un país, se pone al servicio de sus conciudadanos.
De esta manera, queda claro que la prioridad de todo gobierno (en lo administrativo) y todo Estado (en lo diplomático, jurídico y político), se basa en salvaguardar la integridad de sus integrantes.