El día de ayer se presentó la iniciativa presidencial para llevar a cabo una nueva reforma electoral. El proyecto se conoció en el marco de la conferencia mañanera y como se esperaba, las modificaciones pretenden hacer un cambio sustancial en las elecciones.
Cabe resaltar que todos los gobiernos federales caen en la tentación de modificar la legislación electoral. El motivo es simple, porque las reglas del juego político suelen favorecer a unos y perjudicar a otros.
De tal suerte que una vez en el poder, los afectados en la contienda suelen contrarrestar esas condiciones a su favor. Hay que decirlo muy claro, lo que motiva un cambio de esta naturaleza no es la vocación democrática. Lo que se busca siempre, es que las condiciones sean favorables para aquellos que están en el gobierno.
Partiendo de esa hipótesis cruda pero real, vale la pena hacer un balance de lo propuesto por el presidente; a) Eliminar los diputados plurinominales y por tanto reducir la integración del Congreso de 500 a 300, b) Se reducen también los Senadores, de 128 a 96.
Esto es, se trata de eliminar la figura de la representación proporcional que en su momento ayudó a los que tenían nulas oportunidades de ganar un distrito de mayoría para que pudieran tener espacios en el poder legislativo.
En su momento esta posibilidad pintó de colores una soberanía que tenía sobrerepresentación del partido mayoritario. Pero en el contexto actual, se entiende que cualquier partido puede acceder al poder a través del mecanismo mayoritario.
Eso parece pertinente, lo que no se dice es que lejos de la justificación monetaria que se utiliza, lo que está detrás es el regreso a un sistema donde el poder se concentra en el partido con más votación, léase Morena.
Esta modificación, sin duda, es conveniente para el partido en el gobierno, quienes no han tenido buena suerte en el Congreso, al tratar de hacer reformas constitucionales; lo anterior, a pesar de ser mayoría.
En la misma línea se establece la reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en municipios (hasta 9 regidurías de forma proporcional) y de los congresos locales para no pasar de 45 diputados en los estados con mayor población. Aquí aplica el mismo criterio porque en este momento, 17 congresos locales están en manos de Morena.
Se pretende que los Consejeros y Magistrados, sean elegidos por voto popular, lo cual deja de manifiesto la contraposición del actual gobierno con las autoridades electorales quienes abiertamente se han confrontado.
El origen de estos conflictos es que el árbitro electoral no siempre es justo y equitativo en sus deliberaciones. Esto proviene (según la lectura de la actual reforma), del mecanismo a través del cual fueron electos.
En el mismo tenor, se propone la eliminación del financiamiento público a partidos políticos que se entrega cada mes y conservación del financiamiento público para campañas electorales. Esto parece indiscutible. Pero el punto es que los propios partidos, tendrán que aprobar lo anterior. Si lo hacen estarían dándose un balazo en el pie. Dicho de otra manera, ellos no van a votar a favor de quitarse recursos. Por el contrario, siempre están buscando más.
Faltan otros puntos por mencionar, como la posibilidad de implementar el voto electrónico, la reducción al 33% de participación para que la revocación de mandato sea vinculante, la eliminación de los organismos electorales locales, la reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral y con ello se estima, se ahorrarán más de 24 mil millones de pesos y la creación del Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC). Sobre estos últimos puntos, seguiremos reflexionando en las entregas posteriores.
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